domingo, 7 de enero de 2018

Elecciones en Honduras: ¿Fraude o reelección legítima?

Honduras celebró elecciones generales el pasado 26 de noviembre, resultando electo, según cifras oficiales del Tribunal Supremo Electoral, el actual Presidente Juan Orlando Hernández, por una diferencia de un poco más de 50.000 votos con respecto a Salvador Nasralla, quien no ha reconocido este resultado, alegando fraude. Es importante hacer algunas aclaratorias sobre este resultado electoral. Para comenzar, que estas elecciones fueron las más observadas de toda la historia de Honduras. Estuvieron presentes cientos de observadores nacionales e internacionales, entre estos últimos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea, quienes asistieron invitados por el gobierno hondureño. Cada misión de observación electoral produjo un completo informe sobre el proceso electoral, señalando algunas irregularidades, frecuentes en cualquier elección, pero sin concluir en modo alguno que hubo fraude electoral o manipulación de los resultados. Ambos informes definitivos concluyen en un reconocimiento y aceptación de los resultados, siendo el de la Unión Europea más claro y contundente en ese sentido, ya que el de la OEA fue ambiguo, dejando brechas y dudas que han atizado la contienda post electoral. Sin embargo, hay que resaltar que el informe de la OEA nunca menciona la palabra fraude y señala expresamente que no pueden concluir que hubo manipulación dolosa de los resultados. Al contrario, la Misión de la OEA contabilizó los resultados a nivel presidencial que arrojaron las actas del TSE y de los tres principales partidos en la contienda como son el Partido Nacional, el Partido Liberal y la Alianza de Oposición y en todas las actas ganaba el candidato Juan Orlando Hernández, con insignificantes diferencias porcentuales. Nuestro sistema de votación es completamente manual: los electores votan manualmente en las papeletas, los miembros de las mesas electorales cuentan los votos de forma manual y públicamente y registran los resultados en actas de escrutinio que son firmadas por todos los miembros que representan a cada partido político postulante, luego esas actas se escanean y se envían al TSE para que las vaya totalizando y pueda dar un resultado, pero siempre se envían las actas físicas como comprobantes del resultado final. Pues esas actas físicas que están en poder de cada partido político y del TSE fueron revisadas y contadas por la misión de observación de la OEA, comprobando los resultados emitidos de manera oficial por el ente electoral hondureño. Asimismo, hubo un reconteo de votos de un alto porcentaje de mesas electorales, que se hizo en presencia de los representantes de todos los partidos políticos y de los observadores internacionales, el cual confirmó el triunfo de Juan Orlando Hernández. En este sentido, los partidos Libre y Pinu que apoyaron al candidato Salvador Nasralla a través de la llamada Alianza de Oposición que conformaron, suscribieron y dieron fe de los resultados en cada acta de escrutinio que se levantó en cada mesa de votación; por lo que la única manera de hacer un fraude electoral es que todos los representantes de los partidos políticos estén de acuerdo. Tal como lo constató la misión de la OEA, las actas de la Alianza de la Oposición y las actas del Partido Liberal dieron ganador a Juan Orlando Hernández, por lo que es absurdo que sus candidatos aleguen fraude basándose en argumentos tecnológicos, en caídas del sistema, en fallas de transmisión, etc, cuando los votos están en las actas físicas y estas comprueban que ganó el candidato Hernández. También siguen alegando la supuesta ilegalidad de la reelección, cuestión que ya fue dilucidada por la Corte Suprema de Justicia y por el Tribunal Supremo Electoral, por lo que es un tema decidido y además convalidado por todos los partidos políticos al participar en las elecciones. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, con las argumentaciones, el caso es que la reelección es legal en Honduras, de acuerdo a las sentencias de la CSJ y decisiones del TSE y mientras no haya otro acto jurídico que diga lo contrario, queda instituida la reelección presidencial. En consecuencia, todo lo que se ha dicho y divulgado a través de una campaña bien orquestada para hacer ver que hubo un fraude electoral en Honduras es solo producto de elucubraciones, fantasías y divagaciones mentales que no tienen asidero real o fáctico. Solo son gritos delirantes e histéricos de los derrotados por el pueblo, sin aportar tan solo una prueba que demuestre el supuesto fraude. Ahora bien, hay que denunciar que toda esta campaña de desinformación y de mentiras se debe a un plan macabro urdido por el chavismo internacional, representante de la izquierda radical y liberticida, que no descansa en su deseo de apoderarse de Honduras para implantar el socialismo del siglo XXI que ha destruido a Venezuela y poder trasegar miles de toneladas de drogas ilícitas que le proporcionen ingentes cantidades de dinero al criminal dictador venezolano y su pandilla de delincuentes. Como no pudieron consolidar sus planes en Honduras en el año 2009, en virtud de la defenestración de Mel Zelaya, ahora lo vuelven a intentar presentándose en las elecciones para tomar el poder por la vía electoral y como no lo lograron, entonces ponen en marcha un plan de violencia, saqueos, destrucción y odio para hacerse del poder por la vía de la fuerza y del terror, manipulando a gente ingenua que apoyó su opción electoral, sin saber a ciencia cierta a quien estaban apoyando. Pero los hondureños de bien no vamos a permitir que un grupo de vándalos y mercenarios extranjeros, pagados con dinero robado al pueblo venezolano, vengan a imponer un modelo fracasado y hambreador en nuestro país, que destruya todos los logros y avances que se han materializado en los últimos cuatro años en Honduras. Se pretende crear un clima de ingobernabilidad que acabe con la paz del país y que paralice su crecimiento económico. Sin embargo, no lo lograrán, porque el pueblo hondureño lo que quiere es trabajar, quiere tranquilidad y sabe que estos disturbios solo generan caos, desabastecimiento, hambre, muertes, cierre de calles y carreteras y el principal afectado es el mismo pueblo. A pesar de las pretensiones de los chavistas hondureños, el país tendrá gobernabilidad y seguirá adelante. El Partido Nacional, al que pertenece Juan Orlando Hernández, obtuvo 61 diputados de 128 y junto a otros diputados de partidos minoritarios ya alcanzaron un acuerdo político, con lo que tiene la mayoría necesaria para aprobar la junta directiva del Congreso Nacional y las leyes que sean necesarias para el desarrollo de Honduras. Asimismo, el Partido Nacional obtuvo un contundente triunfo a nivel municipal, ganando 171 alcaldías de las 298 que existen en todo el país, con lo que el presidente reelecto tendrá una base de apoyo político, sólida y mayoritaria, que le permitirán gobernar sin sobresaltos durante este segundo mandato. No obstante, el Presidente Hernández, debe ser humilde para reconocer las fallas del gobierno y sus errores, enmendándolos, así como también debe profundizar y ampliar los logros y aciertos de su gestión, consiguiendo que la estabilidad macroeconómica comience a dar sus frutos, generando empleos y reduciendo la pobreza, saldando de esta forma la gran deuda social con el pueblo. Es necesario que se haga un gobierno de amplitud y concertación, que no implica una repartición de cargos, sino una constante participación de todos los sectores de la vida nacional para que sean efectivamente escuchados y tomados en cuenta sus planteamientos y propuestas. El Presidente debe escuchar a los empresarios y ofrecer alternativas o paliativos a la fuerte presión tributaria que tienen encima. El Presidente debe buscar una solución al alto costo de la electricidad a través de fuentes de generación diversas o naturales. El Presidente debe dar un golpe mortal a la delincuencia que la termine de erradicar del país o por lo menos la disminuya a su menor expresión. Los esfuerzos hechos hasta ahora han logrado bajar sustancialmente el índice de criminalidad, pero es perentorio que se disminuya al máximo. Las metas y objetivos fundamentales para este segundo periodo de gobierno deben ser la generación masiva de empleo y la reducción drástica de la pobreza, y en ello se deben enfocar todos los esfuerzos que se hagan. Con el desarrollo del turismo, como se ha venido haciendo, con la agricultura, pesca y ganadería y con la construcción de infraestructuras de todo tipo, se podrá alcanzar la mejoría de estos indicadores. Además, se debe dar una lucha frontal y contundente contra la corrupción, que pueda ser percibida por la opinión pública, la cual está cansada de tanta impunidad y de tanta malversación. Igualmente, el Presidente se debe rodear de la mejor gente, de los mejores talentos, de las personas más capacitadas profesionalmente y con mayor vocación de servicio, y colocarlas en las diferentes Secretarías de Estado y puestos claves del Gobierno, para que puedan ser un apoyo fundamental en la ejecución de los lineamientos que imparta como cabeza del Poder Ejecutivo. Los hondureños le dimos un voto de confianza a Juan Orlando Hernández para que concluya sus planes de desarrollo económico y progreso social que con tanto acierto ha venido ejecutando y cuyos beneficios puedan ser más tangibles para toda la población y también para que corrija los entuertos y deficiencias y de esta manera se pueda ganar la confianza y apoyo de quienes no votaron por él, y así salir por la puerta grande de Casa Presidencial. Entonces, todos podremos decir con orgullo, que valió la pena la reelección!

domingo, 29 de octubre de 2017

MI VOTO RAZONADO POR HONDURAS

En Honduras se acerca un nuevo proceso electoral y como hondureños debemos decidir nuestro voto y elegir a uno de los candidatos presidenciales actuales. Es un deber ciudadano participar en la selección de la persona que va a dirigir nuestro país durante los próximos 4 años. No podemos dejar de opinar o guardar silencio ante tan importante acontecimiento. La abstención no es una opción! Una vez dejado claro esto, debemos manifestar que solo se puede elegir entre los candidatos válidamente inscritos y aceptados por el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, escoger entre ellos, con sus virtudes y defectos. No se trata de buscar un candidato ideal, sino de seleccionar el mejor o el menos malo de entre los candidatos que están inscritos. El voto nulo o en blanco tampoco es una opción. Hay 9 candidatos definitivos, de los cuales solo 3 tienen importantes caudales de votos y por tanto posibilidades de ganar los comicios. Así que debemos descartar los 6 candidatos que no tienen chance, ya que serían votos perdidos. Esos 3 candidatos presidenciales con chance son: Juan Orlando Hernández, Salvador Nasralla y Luis Zelaya. Vamos a analizar cada una de estas candidaturas: Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de la Oposición, es un showman de la televisión que no tiene preparación para gobernar un país, es una persona emocionalmente inestable y con reacciones histéricas y poco ecuánimes, que no son convenientes para un Presidente de la República. Sus declaraciones y opiniones son disparatadas y sus propuestas de gobierno son populistas, demagógicas e irrealizables. Asimismo, Nasralla es el candidato del partido LIBRE de tendencia comunista y el cual apoya públicamente a la narcodictadura castrochavista que lleva más de 19 años en el poder en Venezuela, y la cual destruyó uno de los países más ricos del mundo a límites impensables, llevando a la población a un 83% de pobreza y a un desabastecimiento total de alimentos, medicinas, productos de higiene personal, productos del hogar, repuestos de carros, etc. Además de las graves violaciones a los Derechos Humanos, los más de 400 presos políticos, las violaciones a principios democráticos básicos, la persecución a la disidencia política, los alarmantes niveles de corrupción y narcotráfico, entre muchas otras cosas que suceden en Venezuela. Siendo ese el modelo que pretende el partido Libre implantar en Honduras, con expropiaciones y un control exacerbado de los medios de producción por parte del Estado. No quiero que Nicolás Maduro y Raúl Castro sean los que den las directrices para gobernar a Honduras. Si Venezuela con tantos recursos petroleros, de oro, hierro, coltán, agrícolas, etc, la destruyeron de esta manera, no me quiero ni imaginar lo que harían con Honduras, que no cuenta con esa cantidad de recursos naturales. En conclusión, Nasralla representa el caos, la ingobernabilidad, la división social y el retroceso para Honduras, por lo que no califica para ser Presidente de la República. Es un salto al vacío! El otro candidato es Luis Zelaya, quien, según todas las encuestas serias, se mantiene relegado en un lejano tercer lugar en las preferencias del electorado, sin mucho chance de ganar. Sobre este aspirante podemos decir que es una persona con poco carisma, que tiene una imagen muy elitista, y que no demuestra, en sus gestos y actuaciones, sensibilidad social. Además, no tiene trayectoria política ni experiencia en la gestión pública. La gente lo califica de arrogante. Ganó la candidatura del partido Liberal ante la ausencia de liderazgo en esa organización política, lo cual le permitió imponerse a través de una campaña electoral muy fuerte en las primarias. Considero que no es su momento para ser presidente, debe mejorar la imagen que transmite y hacer trayectoria política y quizás en un futuro pueda tener más oportunidad. Por último, tenemos al actual Presidente Juan Orlando Hernández, quien pudo ser candidato gracias a una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que desaplicó la prohibición absoluta de reelección presidencial, la cual se consagraba en un artículo pétreo. Hay que dejar claro que el mecanismo que se utilizó para establecer la reelección presidencial en Honduras, no fue el más idóneo desde el punto de vista jurídico, ya que la vía constitucional para modificar esa prohibición era a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ya se tiene un antecedente idéntico en Nicaragua, que paradójicamente la izquierda hondureña apoya y aplaude, mientras en Honduras lo critica. Sin embargo, la realidad fáctica es que se hizo a través de una sentencia que fue confirmada por la Sala Plena de la Corte Suprema, y que fue apoyada por la Fiscalía General de la República, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas y las Iglesias e indirectamente fue legitimada por el pueblo al obtener, Juan Orlando Hernández, la mayor cantidad de votos en las elecciones primarias que celebraron los partidos más importantes. Siendo esto así, mi postura jurídica frente a la sentencia de la CSJ es solo una simple opinión legal sin efectos válidos. Por lo que la reelección es una realidad autorizada en Honduras y en consecuencia estamos obligados a ponderar y analizar la candidatura del actual presidente, desde el punto de vista político, una vez superado el obstáculo jurídico que tenía. Juan Orlando Hernández en su periodo de gobierno ha demostrado que es un hombre de grandes decisiones y de grandes metas que están enrumbando al país hacia puerto seguro. Se ha comportado como un verdadero estadista. No se puede negar que este gobierno ha tomado las medidas económicas necesarias para estabilizar nuestro país. Ya las calificadoras de riesgo internacionales más importantes han otorgado mejores índices a Honduras, con lo cual se hace más atractiva para los inversionistas. Se logró controlar la inflación (en menos del 4%) y el dólar, los cuales se mantienen estables y sin variaciones de importancia. Todas las cifras macroeconómicas del país han sido estabilizadas y hoy Honduras muestra una economía más sólida, más fuerte y más atractiva para los inversionistas, con una excelente tasa de crecimiento económico. En materia de turismo se han hecho impresionantes esfuerzos que van desde decretar este rubro como una actividad prioritaria para la Nación hasta la facilitación de muchas herramientas legales, construcción de infraestructura necesaria, ampliación de la conectividad aérea, mejora y construcción de puertos y aeropuertos en diferentes departamentos, todo lo cual ha llevado a un incremento significativo de las divisas que deja esta actividad. Igualmente, se ha logrado posicionar a Honduras a través de la marca país como un destino seguro y atractivo para los visitantes extranjeros, los cuales han aumentado significativamente en número, ayudando de manera importante a la economía del país. Se han implementado programas de ayuda para las pequeñas y medianas empresas, se ha invertido en planes de ayuda social, construcción de viviendas, reparación y construcción de escuelas, construcción de universidades públicas, se han otorgados becas de estudios tanto a nivel nacional como internacional, considerando a la educación como algo prioritario para la nación. Ningún gobierno en Honduras se había preocupado y ocupado tanto por los pobres como el gobierno actual. Se han construido muchos parques para una vida mejor, que han ayudado a facilitar el derecho a la recreación de los hondureños y a mejorar la calidad de vida en las ciudades, enmarcándose esto dentro del plan de seguridad integral. Se ha realizado una lucha frontal contra el narcotráfico y contra las maras que han llevado a reducir el índice de homicidios sustancialmente, siendo hoy, un país menos inseguro y dando la esperanza de que en un poco más de tiempo se alcancen cifras de seguridad mucho mejores. El sistema de cárceles de máxima seguridad que se han construido también ha ayudado a mejorar el clima de tranquilidad que se vive en el país. También se han inaugurado laboratorios criminalísticos de última tecnología para poder hacer las investigaciones y reducir la impunidad. Asimismo, se ha mejorado impresionantemente la red de carreteras y vías públicas en toda Honduras, donde antes solo habían caminos de tierra, hoy hay excelentes carreteras pavimentadas, además de la construcción del canal seco que traerá empleos y prosperidad a muchas zonas del país. De igual manera, se ha invertido en materia de salud, mejorando las condiciones en muchos centros hospitalarios y se han construido nuevos hospitales a los que puede acudir la gente de escasos recursos. Considero que el presidente Hernández es el único que puede garantizar, en estos momentos, la gobernabilidad democrática y la estabilidad de la Nación. Honduras era un país desorganizado en sus finanzas, sin un norte claro, dominado por el crimen y el narcotráfico, con mucha pobreza, pero en casi 4 años, Juan Orlando Hernández organizó la economía del país, el cual ahora tiene un rumbo claro, ha dado golpes mortales al crimen organizado y ahora solo falta reducir la pobreza, lo cual se logrará en los próximos años cuando empiecen a sentirse los efectos de su gobierno en la microeconomía y en la generación de empleos masivos. Todavía falta mucho por hacer, todavía falta ver los efectos positivos de muchas medidas que se verán a mediano y largo plazo a nivel microeconómico y es por eso que debemos darle la oportunidad al presidente Hernández de que continúe cuatro años más para que pueda culminar y concretar toda su obra de gobierno y los hondureños podamos disfrutar de todos los resultados positivos de su gestión. Votar por otro candidato sería paralizar el desarrollo que estamos teniendo, es volver al estancamiento y atraso que teníamos antes. Igualmente, debemos destacar la gran obra que ha venido desarrollando el Alcalde capitalino Tito Asfura, quien, sin lugar a dudas, ha sido el mejor alcalde de Tegucigalpa de todos los tiempos, convirtiendo a este Municipio del Distrito Central en una ciudad moderna y digna de los hondureños. Para que esta extraordinaria gestión pueda continuar es necesario que Juan Orlando Hernández siga siendo presidente, porque de lo contrario, otro candidato no le va a dar el apoyo que le da Juan Orlando a nuestro alcalde, y se paralizaría el desarrollo que estamos teniendo en la capital del país. Estoy consciente que a muchos, guiados por el fanatismo político o el odio visceral, no les gustará este escrito, pero es lo que siento en el alma y en el corazón y es lo que pienso y razono, y es lo que quiero comunicar en base a mi derecho a la libertad de expresión y de opinión que me garantiza la Constitución Nacional y la democracia. Yo deseo lo mejor para Honduras, quiero verla grande, próspera, con pleno empleo, pujante, llena de vida alegre y de paz. Estoy convencido, que en estas elecciones eso solo lo garantiza Juan Orlando Hernández, por quien voy a votar con mucha esperanza este 26 de noviembre. Dr. Álvaro F. Albornoz P Tegucigalpa, 29 de octubre de 2017.

martes, 11 de julio de 2017

LA CONSTITUYENTE FRAUDULENTA DE NICOLÁS MADURO

La dictadura que impera en Venezuela, dirigida por el sátrapa Nicolás Maduro Moros, pretende imponer, por la fuerza y sin previa consulta al pueblo, una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una Constitución a la medida, que legalice las arbitrariedades, violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción, que elimine a los partidos de oposición y la propiedad privada y que sobre todo perpetúe al narcorégimen en el poder. En franca y abierta violación a la actual Constitución, diseñada y aupada por Hugo Chávez y catalogada por el chavismo como la “mejor Constitución del mundo”, Nicolás Maduro en complicidad con el sumiso Consejo Nacional Electoral, lleva a cabo un proceso electoral donde se quiebran principios fundamentales de la Teoría de la Democracia. La Constitución venezolana es clara cuando en su artículo 347 señala que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario y que en virtud de eso es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el artículo 348 constitucional, la iniciativa de convocatoria a la Constituyente la pueden tener el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y el 15% de los electores, pero todas esas iniciativas deben pasar obligatoriamente por la aprobación del pueblo para que se pueda convocar. En cualquier país del mundo, la Constitución es el documento político fundamental y más importante, es la Carta Magna, es el texto jurídico sobre el cual se cimienta el resto del ordenamiento. Es insensato pensar que algo tan trascendente, se puede modificar o sustituir sin el consentimiento previo de los ciudadanos. Las Constituciones democráticas son producto del mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y sociales que hacen vida en un país, no pueden ser producto de la imposición unilateral de un solo grupo de poder, ni mucho menos de un grupo minoritario como es el caso del oficialismo en Venezuela, que es repudiado por cerca del 90% de la población venezolana. El tirano Maduro adelanta un proceso constituyente donde no se le consultó al pueblo previamente si quiere cambiar su Constitución; con candidatos exclusivos de su partido, la mayoría con antecedentes penales y con conductas antidemocráticas; sin participación de la oposición y con un sistema de elección diseñado para que obtengan la mayoría de los escaños, aún si la oposición participara. El resultado será una Constitución impuesta de manera totalitaria, en contra de los intereses nacionales y que establecerá una dictadura institucionalizada en manos del grupo de criminales y delincuentes que hoy ostentan el poder. El mundo democrático no puede tolerar ni permitir que Nicolás Maduro ejecute su perverso plan de destrucción de la República desde el punto de vista político, como lo ha hecho desde el punto de vista económico, donde llevó al país a las más escalofriantes cifras de inflación, de pobreza, de miseria, de hambre, de desnutrición, de cierre de empresas, dejando a un altísimo porcentaje de los venezolanos en la penosa situación de tener que comer de la basura, y con una situación crítica en el ámbito de la salud, donde no se consiguen las medicinas más básicas y elementales y mucho menos los tratamientos para enfermedades más graves, con unos hospitales públicos en la ruina más ignominiosa, a pesar de haber recibido cientos de millones de dólares por la renta petrolera durante la gestión de Chávez. El desabastecimiento y escasez de alimentos es aterrador, mostrando todos los supermercados anaqueles totalmente vacíos, que solo en los países en guerras muy grandes, se puede observar algo similar. Son alarmantes las cifras de la corrupción, las cuales sobrepasan cualquier capacidad de asombro. Solo un expresidente de la estatal petrolera PDVSA se robó más dinero de lo que representa el presupuesto nacional de cinco países de Centroamérica. Por eso el índice de corrupción de Transparencia Internacional coloca a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo entero. La anarquía, el caos, la división, el odio que deja el socialismo en Venezuela serán difíciles de superar; por lo que hay que salir de este régimen inmediatamente antes de que sea más tarde. Venezuela es uno de los ejemplos más claros de cómo el socialismo es capaz de destruir hasta los países más ricos del mundo, y que solo sirve como una fábrica de pobreza y de emigración de sus ciudadanos, quienes se ven obligados a buscar en otros países, las oportunidades que no encuentran en el suyo. Venezuela merece un mejor destino, ya su gente ha pagado demasiado caro el error de haber elegido a Chávez como su Presidente, quien dejó en el poder de manera fraudulenta a este legado de terror y muerte que significa el régimen de Maduro. Los venezolanos debemos entender que está en juego el futuro del país y que en esta lucha no hay matices: o acabamos con la dictadura o ellos acaban con nosotros.

jueves, 29 de junio de 2017

HONDURAS: ¿REELECCIÓN O SOCIALISMO?

El domingo 26 de noviembre de este año se celebrarán las elecciones generales en Honduras, donde se elegirán los 298 alcaldes de todo el país con sus respectivos regidores, los 128 diputados del Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y el Presidente de la República. Por lo tanto, el país se encuentra inmerso desde ya, en una lucha por el poder y en la precampaña electoral. Varios partidos con sus candidatos compiten por obtener la corona más preciada: la Primera Magistratura, con un periodo de duración de 4 años. Tenemos en primer lugar al actual Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández (del Partido Nacional), quien opta por la reelección, después que una sentencia de la Sala Constitucional –muy cuestionada por la oposición- habilitara esta posibilidad, la cual estaba prohibida en la Constitución por un artículo pétreo. En segundo lugar, el candidato de la alianza política entre los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), de ideología comunista, y el Partido Innovación y Unidad (PINU) de ideología socialdemócrata: Salvador Nasralla, quien es un ingeniero, comentador de noticias deportivas en televisión y que ya había competido en las elecciones pasadas, quedando de cuarto lugar. En tercer lugar, el ingeniero Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal, quien venía desempeñándose como Rector de una universidad privada. Luego hay varios candidatos sin posibilidades reales de triunfo, pero que añaden sal y pimienta a la sopa electoral, entre ellos el General Romeo Vásquez Velásquez (quien ordenó llevar al expresidente Mel Zelaya a Costa Rica, cuando fue defenestrado en el 2009), postulado por el partido Alianza Patriótica Hondureña; Lucas Aguilera por el Partido Democracia Cristiana; Marlene Alvarenga por el Partido Anticorrupción (fundado por Salvador Nasralla); Alfonso Díaz por UD; Augusto Cruz Asencio por el partido Vamos; Isaías Fonseca por el Faper y el único candidato independiente, René Bendaña. En esta primera etapa, previa a la campaña electoral, las encuestas que se han realizado hasta la fecha y los resultados de las elecciones primarias de los partidos principales, indican que lleva la delantera, de manera sólida, el actual presidente conservador, Juan Orlando Hernández, quien tiene una alta aceptación de su obra de gobierno por parte de la población hondureña. Las principales ofertas electorales del candidato oficialista son seguir disminuyendo los índices de criminalidad, acabar con los carteles de narcotráfico, seguir impulsando el desarrollo económico y social del país y convertir a Honduras en una potencia turística con pleno empleo. Por su parte, el candidato de la izquierda chavista, Salvador Nasralla, después de haberse declarado –tiempo atrás- enemigo de los comunistas y conocérsele como un personaje de derecha, ahora mutó a ser un defensor de la dictadura venezolana y del socialismo del siglo XXI, lo cual ha afectado su credibilidad y popularidad, no logrando despegar en las encuestas. Como una tercera vía entre la izquierda y la derecha, se presenta el exrector Luis Zelaya, quien ganó las primarias del Partido Liberal, sin haber tenido una trayectoria partidista y presentándose como un outsider, que pretende recuperar la grandeza que tuvo en otros tiempos el mencionado instituto político. Pero luego comenzó con mal pie, al pedir perdón a los seguidores de Mel Zelaya por los sucesos del 2009, tratando de que volvieran al partido, del cual se escindieron; logrando el efecto contrario de que más bien dejaran de ver con buenos ojos su opción presidencial, los michelettistas liberales, los cuales tienen un peso significativo en el liberalismo hondureño. Todo esto aunado a la falta de carisma y al desconocimiento que tiene la población de su figura política, el ingeniero Luis Zelaya no logra alzar vuelo tampoco en las encuestas. El panorama electoral, hasta el momento, luce despejado para la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, quien se convertiría en el primer Presidente de la era democrática en ser reelecto en el cargo por la voluntad popular, a pesar de las acusaciones de corrupción que le endilga la oposición al Partido Nacional, como por ejemplo, el desfalco en el Instituto de los Seguros Sociales, que se dio en el gobierno nacionalista anterior. Sin embargo, las luchas políticas por el poder en Honduras son fratricidas y se espera una campaña electoral sucia, llena de acusaciones de un bando contra otro, incluyendo las denuncias de fraude el día de las elecciones, como ya se empieza a visualizar.

jueves, 4 de agosto de 2016

EL AMIGUISMO

“El amiguismo” Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. Doctor en Derecho Constitucional Un problema medular de nuestras sociedades latinoamericanas es el llamado “amiguismo” en el ejercicio de cargos públicos o privados. El amiguismo lo podemos definir como una tendencia a favorecer a los amigos en perjuicio de otras personas (aun cuando estas posean mayor capacidad), en especial por lo que se refiere al trabajo. Es decir, el amiguismo es ser parcial para con los amigos, especialmente al designarlos en posiciones de autoridad, sin importar si están cualificados o si tienen las credenciales académicas, morales y la trayectoria necesaria. Por lo tanto el amiguismo es contrario en la práctica con la meritocracia. Este fenómeno es uno de los vicios que estanca el desarrollo de nuestros pueblos y que impide que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan desempeñar una buena labor. Desde que una persona es designada en un cargo de autoridad, dentro de una organización pública o privada, llega a ejercer sus labores pensando en ayudar a sus amigos, pasando por encima y atropellando a los empleados que tienen trayectoria y preparación dentro de la institución. Estos jefes no son objetivos en sus decisiones, sino que aplican la subjetividad y en consecuencia toman medidas irracionales e ilógicas. En consecuencia, no hay un respeto a los méritos ni a la capacidad de los empleados, sino que se asciende y se nombran a los titulares de los cargos conforme al amiguismo, siendo la mayoría de las veces, que los amigos que se designan tienen menos competencias, trayectoria y preparación que los empleados que ya pertenecían a la institución. Esta situación lo único que propicia es la mediocridad y el mal funcionamiento de las instituciones, en desmedro de la meritocracia y la eficiencia. El amiguismo constituye, asimismo, una forma de corrupción y mala praxis gerencial. El que practica el amiguismo demuestra que es un pésimo gerente, que es una persona sin ética profesional y sin escrúpulos al pasar por encima de empleados que tienen los méritos, preparación, trayectoria y capacidad para ocupar el cargo en el cual fue nombrado “el amigo” del director, gerente o jefe. Estas prácticas inmorales son las que tienen sumidos a nuestros países en el subdesarrollo y miseria y no permiten que la inteligencia y el talento sea lo que se imponga y prevalezca. Debemos hacer lo posible por erradicar estas malas prácticas y velar porque las personas con mayor talento, trayectoria, preparación y ética sean las que ocupen los cargos dentro de las organizaciones o instituciones públicas o privadas, de lo contrario, estaremos condenados al fracaso. ////

sábado, 12 de septiembre de 2015

Carta a mi ex alumna Susana Barreiros

Susana Virginia Barreiros Rodríguez, a pesar de que para la mayoría del país eras una perfecta desconocida, ya que nunca habían escuchado antes tu nombre, debido a tu falta de trayectoria profesional, hoy en día te convertiste en una de las personas más conocidas, pero a la vez más odiada y repudiada por toda la sociedad, motivado a tu infame sentencia sin fundamentación jurídica que condenó a un hombre inocente a casi 14 años de cárcel, y todo en acatamiento de las directrices que te dieron desde Miraflores y la Asamblea Nacional. Te recuerdo perfectamente de cuando eras una estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos y aparentabas ser una buena estudiante, seria y responsable, incapaz de romper un plato. Fuiste mi alumna en las cátedras de Derecho Administrativo IV y Contencioso Administrativo. Nunca me imaginé que en el corazón de esa muchacha tranquila y amable, se iba a albergar tanta maldad y tanta crueldad, y que fueras capaz de condenar a una persona a sabiendas que es inocente. Nunca pensé que ibas a ser capaz de amañar un juicio y sentenciar a un hombre sin pruebas y sin darle el derecho a la defensa. Por mi parte, salvo mi responsabilidad en tu formación, ya que me esmero en inculcarles a mis alumnos buenos principios éticos y el respeto por los Derechos Humanos y la Constitución. Yo no te enseñé a violar las leyes, y estoy seguro que ningún otro profesor tampoco lo hizo. Me pregunto qué te hizo convertirte en el ser perverso que eres hoy en día. Cuando vendiste tus principios y tu ética? Cómo te puedes arrastrar ante un régimen narcoterrorista que destruye a Venezuela? No te da remordimiento al ver el sufrimiento de los pequeños hijos de Leopoldo López? Déjame decirte que me siento muy avergonzado de tu conducta y de tu proceder durante el injusto juicio y siento pena por tu criminal conducta. Como profesor que fui tuyo te digo que con esa sentencia, más te has condenado a ti misma que al propio Leopoldo. Te has condenado al repudio de toda una sociedad que te mira con rabia e indignación. Te has condenado tu futuro profesional, porque cuando el régimen caiga, todos te tendrán como la juez violadora de Derechos Humanos y no podrás conseguir empleo más nuca en tu vida. Pronto te darás cuenta que cometiste el peor error de tu vida y que tu conciencia no te dejará dormir en paz más nunca. Susana, que Dios te perdone por todo el daño que has causado con tu aberrante sentencia. Pero en la tierra, tarde o temprano, tú vas a ser juzgada y condenada y sufrirás en carne propia lo que sufre y padece Leopoldo López. Me despido, decepcionado de ti Dr. Álvaro F. Albornoz P.

viernes, 1 de mayo de 2015

Análisis de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de Honduras que elimina artículos constitucionales pétreos y establece la reelección presidencial indefinida.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó una sentencia en fecha 22 de abril de 2015 donde se resuelven favorablemente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por un grupo de diputados y por un expresidente de la República, en los cuales se solicita se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 239 y numeral 5 del artículo 42 de la Constitución y por otra parte se declare la inaplicabilidad del artículo 239 ya mencionado. Ambos recursos fueron acumulados en un mismo expediente y resueltos en una misma sentencia. Los diputados alegan que los artículos constitucionales impugnados les restringen ilegítimamente los derechos que les asisten en su condición de diputados, vulnerando así su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. El expresidente alega que se viola el derecho a la igualdad, a ser electo y a la participación en las elecciones presidenciales. El artículo 239 de la Constitución señala: “Artículo 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”. El artículo 42 numeral 5 constitucional establece: “Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde: (Omissis) 5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. La Sala de lo Constitucional declara con lugar los recursos y proclama la “inaplicabilidad” de los mencionados artículos y del último párrafo del artículo 4 y parte del artículo 374, por violentar el derecho a la igualdad y a la participación política de los expresidentes de la República y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los diputados. Ahora bien, ante esta sentencia de trascendencia nacional es necesario hacer varias consideraciones jurídicas para analizar si el fallo está ajustado a Derecho o no. PRIMERO: Hay que señalar que la Sala de lo Constitucional no tiene competencia para conocer de la inconstitucionalidad de normas constitucionales. Ni la Constitución Nacional ni la Ley sobre Justicia Constitucional le dan competencias en ese sentido. Es sabido que en un Estado de Derecho existe un orden jerárquico normativo, donde la norma suprema está representada por la Constitución y que todo el resto del ordenamiento jurídico se subordina a la Carta Magna, procediendo la declaratoria de nulidad de todo lo que vulnere las normas constitucionales. Es lo que nos enseña Hans Kelsen en su conocida Pirámide Jurídica, y que todo abogado debe conocer. El recurso de inconstitucionalidad no procede contra normas constitucionales originarias. La Ley sobre Justicia Constitucional solo permite el recurso contra las reformas constitucionales, cuando se aprueben con inobservancia de los requisitos establecidos en la propia Constitución. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional ha debido declararse incompetente para conocer de este recurso. La Sala de lo Constitucional es manifiestamente incompetente para tramitar un recurso de inconstitucionalidad contra una norma constitucional originaria. La Sala de lo Constitucional actuó en clara usurpación de funciones del Poder Constituyente, que es el único que puede cambiar o eliminar un artículo pétreo, de conformidad al régimen establecido en la propia Constitución. SEGUNDO: Resulta absolutamente ilógico e incongruente que una norma constitucional pueda ser a la vez inconstitucional. Todo lo que esté en la Constitución es constitucional, solo lo que esté por debajo de la Constitución en el orden jerárquico normativo, es lo que puede ser inconstitucional. Está claro que el recurso de inconstitucionalidad solo procede contra normas infraconstitucionales y solo contra una reforma constitucional por inobservancia del procedimiento establecido en la propia Constitución para llevarla a cabo. La Constitución, como sabemos desde nuestros estudios de Introducción al Derecho es el vértice de la conocida Pirámide de Kelsen y por tanto el fundamento del ordenamiento jurídico, y todas las normas y leyes deben estar sometidas a los mandatos de la Constitución so pena de ser declarados inconstitucionales. Pero es ilógico, absurdo y totalmente contrario a Derecho, pretender declarar “inconstitucional” una norma de la propia Constitución y además que forma parte de los denominados artículos pétreos. TERCERO: Las Constituciones se redactan para consagrar y restringir derechos, además de organizar la estructura fundamental del Estado. Es mentira que todos los derechos son absolutos o que la Constitución, en aras de salvaguardar intereses superiores, no pueda limitar algunos derechos. Los ejemplos sobran. El derecho a la propiedad está limitado por causa de necesidad o interés público. El derecho a la protesta está limitado a que sea pacífica. La libertad religiosa se permite siempre que no contravenga las leyes y el orden público. La libertad de expresión está limitada por el honor y reputación de las personas, y así sucesivamente. Por lo que es perfectamente legítimo que la Constitución de Honduras haya establecido límites a la reelección presidencial prohibiéndola de manera absoluta, en función de los intereses generales que el Constituyente de 1982 consideró oportuno tutelar. Asimismo, el derecho de participación de los expresidentes no se ve vulnerado, ya que ellos pueden perfectamente ejercer su derecho al voto y además pueden postularse para otros cargos como diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano o alcaldes. En consecuencia, no hay violación de los derechos alegados por los recurrentes. CUARTO: La sentencia in comento se puede encuadrar dentro de la Teoría del Acto Jurídico Inexistente o Teoría de la Inexistencia del Acto Jurídico, o como la denominan algunos autores, Teoría de la Nada Jurídica, en virtud de las graves violaciones al ordenamiento jurídico y a la manifiesta incompetencia por parte de la Sala para anular o desaplicar normas constitucionales. Es una sentencia que carece de virtualidad jurídica o que no puede producir ningún efecto jurídico, ya que contradice y vulnera el orden constitucional contemplado por el Constituyente de 1982, al anular un artículo pétreo como el 239 y al trastocar el régimen de prohibición absoluta de la reelección presidencial, la cual está relacionada con el principio de alternabilidad que con tanto celo protege la Constitución hondureña. La Constitución solo puede ser reformada por el Congreso Nacional siguiendo el procedimiento establecido para tal fin, pero los artículos pétreos solo pudieran ser cambiados a través de una nueva Constituyente, que al redactar otra Constitución decidiera establecer un sistema diferente sobre la reelección presidencial. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional contraría tan gravemente la Constitución Nacional, que no se puede considerar legítima ni con efectos jurídicos, ya que el orden constitucional establecido desde 1982 no le reconoce efectividad. Es como si la Sala dictara una sentencia donde se anulara el artículo que garantiza el derecho a la vida y estableciera la pena de muerte, contrariando el principio de progresividad de los derechos humanos. O que dictara una sentencia donde se permitiera el genocidio. Esas sentencias no tendrían ninguna validez jurídica y serían actos jurídicos inexistentes. O por ejemplo, la sentencia penal condenatoria por homicidio en que se constata que la supuesta víctima se encuentra viva. Esa sentencia sería también un acto jurídico inexistente. El hecho de que una sentencia sea dictada por una Sala de lo Constitucional, no le da fuerza o validez jurídica a cualquier desaguisado que puedan decidir. No siempre se puede considerar como sentencia firme y con efectos jurídicos válidos. Para profundizar sobre esta tesis jurídica se puede leer el artículo: “La inexistencia jurídica de los actos jurisdiccionales” escrito por Gabriel Bocksang, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el siguiente link: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372013000200009&script=sci_arttext QUINTO: La Sala de lo Constitucional forma parte de un órgano del Poder Constituido como lo es la Corte Suprema de Justicia, y como tal está subordinado al Poder Constituyente, quien fue su creador. Los poderes constituidos no pueden estar por encima del Poder Constituyente, ya que eso significaría subvertir todo el orden jurídico y los principios que rigen un Estado de Derecho. El artículo 374 de la Constitución es sumamente claro cuando ordena que no podrán reformarse, en ningún caso, los artículos constitucionales que se refieren a la prohibición de ser nuevamente Presidente de la República, entre otros. Es evidente que la sentencia de la Sala de lo Constitucional anuló o desaplicó el artículo pétreo 239, en franca y abierta violación del texto constitucional. Solo una nueva Asamblea Nacional Constituyente pudiera modificar, en una Constitución que creara, esa prohibición de reelección, que es un desiderátum de los constituyentes del año 1982. Esta tendencia de consagrar artículos pétreos o irreformables comenzó con la Constitución de 1894, que prohibía reformar la norma que establecía la no reelección presidencial. Luego la Constitución de 1924 repitió la misma prohibición. Lo mismo hizo la Constitución de 1957 y la de 1965. Por lo que no es una novedad de la Constitución vigente de 1982 establecer normas pétreas o irreformables por el poder constituido. Es una situación que ya tiene una tradición constitucional en Honduras. SEXTO: Al dictar esta sentencia, careciendo de la competencia para hacerlo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional incurrieron en el supuesto previsto en el artículo 239 constitucional y en consecuencia cesaron de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedaron inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, ya que la decisión judicial permite la reelección presidencial indefinida, la cual está absolutamente prohibida. Al permitirlo incurrieron en el supuesto de la norma que da origen a las sanciones. SEPTIMO: La decisión fue tomada supuestamente por unanimidad de los cinco magistrados, sin embargo, al día siguiente en horas de la mañana, cuando todavía no había sido notificada la sentencia a los recurrentes, uno de los magistrados que firmó el fallo, el abogado Elmer Lizardo, consignó en el expediente una diligencia donde solicita retirar su firma de la sentencia por no estar de acuerdo con su contenido. Esto añadió un nuevo inconveniente para la validez de la sentencia, la cual queda en entredicho, ya que no se han aclarado las circunstancias por las cuales el mencionado magistrado retiró su firma, quedando la duda si se trató de un caso de coacción o violencia para conseguir su rúbrica. A pesar de este problema, el resto de los magistrados dejaron en firme la sentencia y la enviaron al Congreso Nacional a los fines de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. OCTAVO: Al anular o desaplicar el artículo 239 de la Constitución, la Sala de lo Constitucional pretende establecer una reelección presidencial indefinida, continua o perpetua, equiparando a Honduras a países no democráticos como Venezuela y Nicaragua, donde impera la reelección indefinida de los presidentes. No hay nada más antidemocrático que una reelección indefinida porque atenta contra el principio de la alternabilidad o alternancia en el poder, y establece gobiernos autoritarios con fachadas democráticas que no permiten el relevo generacional en la política. Los gobiernos democráticos, constitucionales, republicanos, pero sobre todo éticos, no deben ser de décadas ni mucho menos eternos. La alternabilidad o alternancia en el poder, se pueden justificar con facilidad. Podemos afirmar, recordando al constitucionalista Duverger, que este principio es una medida precautelar contra la tendencia opresora de aquellos que se entronizan en el Poder. También lo decía Simón Bolívar en su famosa frase del Discurso de Angostura que todos conocemos: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”. Ahora bien, las Constituciones son instrumentos para poner freno al ejercicio del poder, para limitarlo en beneficio del colectivo. Las Constituciones no son ligas de goma que se pueden estirar a la medida del gobernante de turno. Son pactos sociales que se deben respetar. Dentro de esos pactos sociales hay principios fundamentales que son intangibles, pétreos o inmodificables, que no se pueden alterar así lo quiera la mayoría de la población; porque justamente garantizan y preservan a la sociedad de manipulaciones mesiánicas y populistas que a la final acaben con los bienes tutelados por la Constitución, entre ellos la democracia y la República como forma de gobierno. Esos principios fundamentales no pueden estar sometidos ni siquiera a mayorías circunstanciales que pueden ser producto de esquizofrenias sociales o colectivas o de manipulaciones logradas a través del abuso del poder y el uso de sofismas jurídicos. La reelección indefinida vulnera el principio de alternabilidad, porque permite o hace posible que una misma persona se mantenga en el poder sin limitación temporal alguna. Y eso es justamente, lo que pretende evitar ese principio. No se pueden confundir los principios “electivo” y “alternativo”, ya que son dos principios diferentes. El hecho de que el presidente pueda ser elegido en votaciones universales no quiere decir que sea alternativo. La elección no implica la alternabilidad. Son principios diferentes y no se pueden manipular. La circunstancia de que el pueblo tenga la posibilidad de escoger cada periodo un nuevo presidente no implica el respeto a la alternabilidad, la cual se da sólo si existe una limitación temporal al ejercicio del poder que permita que otros ciudadanos se alternen en el mismo. NOVENO: Es importante recordar el contenido de los artículos 272 y 375 constitucionales que señalan: “Artículo 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”. “Artículo 375.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación”. DECIMO: No hay que “partidizar” o politizar este debate jurídico, ya que no se trata de posiciones ideológicas o partidistas. Se trata de la defensa de la Constitución y de la institucionalidad de Honduras. Se trata del respeto al orden jurídico y de la inviolabilidad de la Constitución. Se trata de la vigencia de la República y de la democracia. Todos debemos obediencia a la Carta Magna y a ella debemos someternos. DECIMO PRIMERO: Se puede estar de acuerdo o no con la reelección, ya sea por un período continuo o alterna (nunca con la indefinida o perpetua ya que es profundamente antidemocrática), pero la forma para establecerla en nuestro ordenamiento jurídico, solo es posible a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y que esta Asamblea decida incluirla en la nueva Constitución. De lo contrario, no hay manera jurídica de poder consagrar el sistema de reelección presidencial en Honduras, y mucho menos a través de una sentencia de un órgano de un Poder Constituido que no tiene competencias para ello, ya que se lo prohíbe expresamente la Constitución de Honduras. DECIMO SEGUNDO: De conformidad al criterio de la Sala de lo Constitucional para “inaplicar” o anular los artículos pétreos de la Constitución, se pudiera anular casi toda la Constitución. En base a las mismas razones argumentadas para decir que la prohibición de la reelección presidencial vulnera el derecho a la participación y a la igualdad de los expresidentes de la República y que en consecuencia es nulo el artículo que lo establece, pudiéramos decir que también es nulo el artículo que prohíbe a los militares votar, el artículo que le suspende los derechos políticos a los condenados por una sentencia firme; ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los militares y de los presos; los artículos que limitan ciertos cargos importantes a ser ejercidos solo por hondureños por nacimiento ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños por naturalización; los artículos que establecen limitaciones de edad para ser electos en ciertos cargos públicos, ya que vulnera el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños que son menores de las edades permitidas; el artículo que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que vulnera el derecho a la igualdad de las personas con tendencias sexuales diversas. En fin, pudiéramos anular o dejar sin efecto más de la mitad de la Constitución, lo cual sería un absurdo jurídico, que generaría un caos en nuestro ordenamiento constitucional. En conclusión, la sentencia de la Sala de lo Constitucional analizada, subvierte el orden constitucional de Honduras, vulnera el Estado de Derecho, quebranta los principios constitutivos de la República y transgrede los requisitos básicos de la democracia, generando una gran inseguridad jurídica con graves repercusiones en el ámbito económico, social y jurídico del país. //// “La capacidad de expresar opiniones contrarias apasionadamente es el mayor signo de una democracia sana.” (Steve Maraboli)