martes, 11 de julio de 2017

LA CONSTITUYENTE FRAUDULENTA DE NICOLÁS MADURO

La dictadura que impera en Venezuela, dirigida por el sátrapa Nicolás Maduro Moros, pretende imponer, por la fuerza y sin previa consulta al pueblo, una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una Constitución a la medida, que legalice las arbitrariedades, violaciones a los Derechos Humanos y la corrupción, que elimine a los partidos de oposición y la propiedad privada y que sobre todo perpetúe al narcorégimen en el poder. En franca y abierta violación a la actual Constitución, diseñada y aupada por Hugo Chávez y catalogada por el chavismo como la “mejor Constitución del mundo”, Nicolás Maduro en complicidad con el sumiso Consejo Nacional Electoral, lleva a cabo un proceso electoral donde se quiebran principios fundamentales de la Teoría de la Democracia. La Constitución venezolana es clara cuando en su artículo 347 señala que el pueblo venezolano es el depositario del poder constituyente originario y que en virtud de eso es el único que puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo con el artículo 348 constitucional, la iniciativa de convocatoria a la Constituyente la pueden tener el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, los Concejos Municipales y el 15% de los electores, pero todas esas iniciativas deben pasar obligatoriamente por la aprobación del pueblo para que se pueda convocar. En cualquier país del mundo, la Constitución es el documento político fundamental y más importante, es la Carta Magna, es el texto jurídico sobre el cual se cimienta el resto del ordenamiento. Es insensato pensar que algo tan trascendente, se puede modificar o sustituir sin el consentimiento previo de los ciudadanos. Las Constituciones democráticas son producto del mayor consenso posible entre todas las fuerzas políticas y sociales que hacen vida en un país, no pueden ser producto de la imposición unilateral de un solo grupo de poder, ni mucho menos de un grupo minoritario como es el caso del oficialismo en Venezuela, que es repudiado por cerca del 90% de la población venezolana. El tirano Maduro adelanta un proceso constituyente donde no se le consultó al pueblo previamente si quiere cambiar su Constitución; con candidatos exclusivos de su partido, la mayoría con antecedentes penales y con conductas antidemocráticas; sin participación de la oposición y con un sistema de elección diseñado para que obtengan la mayoría de los escaños, aún si la oposición participara. El resultado será una Constitución impuesta de manera totalitaria, en contra de los intereses nacionales y que establecerá una dictadura institucionalizada en manos del grupo de criminales y delincuentes que hoy ostentan el poder. El mundo democrático no puede tolerar ni permitir que Nicolás Maduro ejecute su perverso plan de destrucción de la República desde el punto de vista político, como lo ha hecho desde el punto de vista económico, donde llevó al país a las más escalofriantes cifras de inflación, de pobreza, de miseria, de hambre, de desnutrición, de cierre de empresas, dejando a un altísimo porcentaje de los venezolanos en la penosa situación de tener que comer de la basura, y con una situación crítica en el ámbito de la salud, donde no se consiguen las medicinas más básicas y elementales y mucho menos los tratamientos para enfermedades más graves, con unos hospitales públicos en la ruina más ignominiosa, a pesar de haber recibido cientos de millones de dólares por la renta petrolera durante la gestión de Chávez. El desabastecimiento y escasez de alimentos es aterrador, mostrando todos los supermercados anaqueles totalmente vacíos, que solo en los países en guerras muy grandes, se puede observar algo similar. Son alarmantes las cifras de la corrupción, las cuales sobrepasan cualquier capacidad de asombro. Solo un expresidente de la estatal petrolera PDVSA se robó más dinero de lo que representa el presupuesto nacional de cinco países de Centroamérica. Por eso el índice de corrupción de Transparencia Internacional coloca a Venezuela como el país más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo entero. La anarquía, el caos, la división, el odio que deja el socialismo en Venezuela serán difíciles de superar; por lo que hay que salir de este régimen inmediatamente antes de que sea más tarde. Venezuela es uno de los ejemplos más claros de cómo el socialismo es capaz de destruir hasta los países más ricos del mundo, y que solo sirve como una fábrica de pobreza y de emigración de sus ciudadanos, quienes se ven obligados a buscar en otros países, las oportunidades que no encuentran en el suyo. Venezuela merece un mejor destino, ya su gente ha pagado demasiado caro el error de haber elegido a Chávez como su Presidente, quien dejó en el poder de manera fraudulenta a este legado de terror y muerte que significa el régimen de Maduro. Los venezolanos debemos entender que está en juego el futuro del país y que en esta lucha no hay matices: o acabamos con la dictadura o ellos acaban con nosotros.

jueves, 29 de junio de 2017

HONDURAS: ¿REELECCIÓN O SOCIALISMO?

El domingo 26 de noviembre de este año se celebrarán las elecciones generales en Honduras, donde se elegirán los 298 alcaldes de todo el país con sus respectivos regidores, los 128 diputados del Congreso Nacional, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y el Presidente de la República. Por lo tanto, el país se encuentra inmerso desde ya, en una lucha por el poder y en la precampaña electoral. Varios partidos con sus candidatos compiten por obtener la corona más preciada: la Primera Magistratura, con un periodo de duración de 4 años. Tenemos en primer lugar al actual Presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández (del Partido Nacional), quien opta por la reelección, después que una sentencia de la Sala Constitucional –muy cuestionada por la oposición- habilitara esta posibilidad, la cual estaba prohibida en la Constitución por un artículo pétreo. En segundo lugar, el candidato de la alianza política entre los partidos Libertad y Refundación (LIBRE), de ideología comunista, y el Partido Innovación y Unidad (PINU) de ideología socialdemócrata: Salvador Nasralla, quien es un ingeniero, comentador de noticias deportivas en televisión y que ya había competido en las elecciones pasadas, quedando de cuarto lugar. En tercer lugar, el ingeniero Luis Zelaya, candidato del Partido Liberal, quien venía desempeñándose como Rector de una universidad privada. Luego hay varios candidatos sin posibilidades reales de triunfo, pero que añaden sal y pimienta a la sopa electoral, entre ellos el General Romeo Vásquez Velásquez (quien ordenó llevar al expresidente Mel Zelaya a Costa Rica, cuando fue defenestrado en el 2009), postulado por el partido Alianza Patriótica Hondureña; Lucas Aguilera por el Partido Democracia Cristiana; Marlene Alvarenga por el Partido Anticorrupción (fundado por Salvador Nasralla); Alfonso Díaz por UD; Augusto Cruz Asencio por el partido Vamos; Isaías Fonseca por el Faper y el único candidato independiente, René Bendaña. En esta primera etapa, previa a la campaña electoral, las encuestas que se han realizado hasta la fecha y los resultados de las elecciones primarias de los partidos principales, indican que lleva la delantera, de manera sólida, el actual presidente conservador, Juan Orlando Hernández, quien tiene una alta aceptación de su obra de gobierno por parte de la población hondureña. Las principales ofertas electorales del candidato oficialista son seguir disminuyendo los índices de criminalidad, acabar con los carteles de narcotráfico, seguir impulsando el desarrollo económico y social del país y convertir a Honduras en una potencia turística con pleno empleo. Por su parte, el candidato de la izquierda chavista, Salvador Nasralla, después de haberse declarado –tiempo atrás- enemigo de los comunistas y conocérsele como un personaje de derecha, ahora mutó a ser un defensor de la dictadura venezolana y del socialismo del siglo XXI, lo cual ha afectado su credibilidad y popularidad, no logrando despegar en las encuestas. Como una tercera vía entre la izquierda y la derecha, se presenta el exrector Luis Zelaya, quien ganó las primarias del Partido Liberal, sin haber tenido una trayectoria partidista y presentándose como un outsider, que pretende recuperar la grandeza que tuvo en otros tiempos el mencionado instituto político. Pero luego comenzó con mal pie, al pedir perdón a los seguidores de Mel Zelaya por los sucesos del 2009, tratando de que volvieran al partido, del cual se escindieron; logrando el efecto contrario de que más bien dejaran de ver con buenos ojos su opción presidencial, los michelettistas liberales, los cuales tienen un peso significativo en el liberalismo hondureño. Todo esto aunado a la falta de carisma y al desconocimiento que tiene la población de su figura política, el ingeniero Luis Zelaya no logra alzar vuelo tampoco en las encuestas. El panorama electoral, hasta el momento, luce despejado para la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández, quien se convertiría en el primer Presidente de la era democrática en ser reelecto en el cargo por la voluntad popular, a pesar de las acusaciones de corrupción que le endilga la oposición al Partido Nacional, como por ejemplo, el desfalco en el Instituto de los Seguros Sociales, que se dio en el gobierno nacionalista anterior. Sin embargo, las luchas políticas por el poder en Honduras son fratricidas y se espera una campaña electoral sucia, llena de acusaciones de un bando contra otro, incluyendo las denuncias de fraude el día de las elecciones, como ya se empieza a visualizar.

jueves, 4 de agosto de 2016

EL AMIGUISMO

“El amiguismo” Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. Doctor en Derecho Constitucional Un problema medular de nuestras sociedades latinoamericanas es el llamado “amiguismo” en el ejercicio de cargos públicos o privados. El amiguismo lo podemos definir como una tendencia a favorecer a los amigos en perjuicio de otras personas (aun cuando estas posean mayor capacidad), en especial por lo que se refiere al trabajo. Es decir, el amiguismo es ser parcial para con los amigos, especialmente al designarlos en posiciones de autoridad, sin importar si están cualificados o si tienen las credenciales académicas, morales y la trayectoria necesaria. Por lo tanto el amiguismo es contrario en la práctica con la meritocracia. Este fenómeno es uno de los vicios que estanca el desarrollo de nuestros pueblos y que impide que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan desempeñar una buena labor. Desde que una persona es designada en un cargo de autoridad, dentro de una organización pública o privada, llega a ejercer sus labores pensando en ayudar a sus amigos, pasando por encima y atropellando a los empleados que tienen trayectoria y preparación dentro de la institución. Estos jefes no son objetivos en sus decisiones, sino que aplican la subjetividad y en consecuencia toman medidas irracionales e ilógicas. En consecuencia, no hay un respeto a los méritos ni a la capacidad de los empleados, sino que se asciende y se nombran a los titulares de los cargos conforme al amiguismo, siendo la mayoría de las veces, que los amigos que se designan tienen menos competencias, trayectoria y preparación que los empleados que ya pertenecían a la institución. Esta situación lo único que propicia es la mediocridad y el mal funcionamiento de las instituciones, en desmedro de la meritocracia y la eficiencia. El amiguismo constituye, asimismo, una forma de corrupción y mala praxis gerencial. El que practica el amiguismo demuestra que es un pésimo gerente, que es una persona sin ética profesional y sin escrúpulos al pasar por encima de empleados que tienen los méritos, preparación, trayectoria y capacidad para ocupar el cargo en el cual fue nombrado “el amigo” del director, gerente o jefe. Estas prácticas inmorales son las que tienen sumidos a nuestros países en el subdesarrollo y miseria y no permiten que la inteligencia y el talento sea lo que se imponga y prevalezca. Debemos hacer lo posible por erradicar estas malas prácticas y velar porque las personas con mayor talento, trayectoria, preparación y ética sean las que ocupen los cargos dentro de las organizaciones o instituciones públicas o privadas, de lo contrario, estaremos condenados al fracaso. ////

sábado, 12 de septiembre de 2015

Carta a mi ex alumna Susana Barreiros

Susana Virginia Barreiros Rodríguez, a pesar de que para la mayoría del país eras una perfecta desconocida, ya que nunca habían escuchado antes tu nombre, debido a tu falta de trayectoria profesional, hoy en día te convertiste en una de las personas más conocidas, pero a la vez más odiada y repudiada por toda la sociedad, motivado a tu infame sentencia sin fundamentación jurídica que condenó a un hombre inocente a casi 14 años de cárcel, y todo en acatamiento de las directrices que te dieron desde Miraflores y la Asamblea Nacional. Te recuerdo perfectamente de cuando eras una estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos y aparentabas ser una buena estudiante, seria y responsable, incapaz de romper un plato. Fuiste mi alumna en las cátedras de Derecho Administrativo IV y Contencioso Administrativo. Nunca me imaginé que en el corazón de esa muchacha tranquila y amable, se iba a albergar tanta maldad y tanta crueldad, y que fueras capaz de condenar a una persona a sabiendas que es inocente. Nunca pensé que ibas a ser capaz de amañar un juicio y sentenciar a un hombre sin pruebas y sin darle el derecho a la defensa. Por mi parte, salvo mi responsabilidad en tu formación, ya que me esmero en inculcarles a mis alumnos buenos principios éticos y el respeto por los Derechos Humanos y la Constitución. Yo no te enseñé a violar las leyes, y estoy seguro que ningún otro profesor tampoco lo hizo. Me pregunto qué te hizo convertirte en el ser perverso que eres hoy en día. Cuando vendiste tus principios y tu ética? Cómo te puedes arrastrar ante un régimen narcoterrorista que destruye a Venezuela? No te da remordimiento al ver el sufrimiento de los pequeños hijos de Leopoldo López? Déjame decirte que me siento muy avergonzado de tu conducta y de tu proceder durante el injusto juicio y siento pena por tu criminal conducta. Como profesor que fui tuyo te digo que con esa sentencia, más te has condenado a ti misma que al propio Leopoldo. Te has condenado al repudio de toda una sociedad que te mira con rabia e indignación. Te has condenado tu futuro profesional, porque cuando el régimen caiga, todos te tendrán como la juez violadora de Derechos Humanos y no podrás conseguir empleo más nuca en tu vida. Pronto te darás cuenta que cometiste el peor error de tu vida y que tu conciencia no te dejará dormir en paz más nunca. Susana, que Dios te perdone por todo el daño que has causado con tu aberrante sentencia. Pero en la tierra, tarde o temprano, tú vas a ser juzgada y condenada y sufrirás en carne propia lo que sufre y padece Leopoldo López. Me despido, decepcionado de ti Dr. Álvaro F. Albornoz P.

viernes, 1 de mayo de 2015

Análisis de la sentencia de la Sala de lo Constitucional de Honduras que elimina artículos constitucionales pétreos y establece la reelección presidencial indefinida.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras dictó una sentencia en fecha 22 de abril de 2015 donde se resuelven favorablemente los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por un grupo de diputados y por un expresidente de la República, en los cuales se solicita se declare la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 239 y numeral 5 del artículo 42 de la Constitución y por otra parte se declare la inaplicabilidad del artículo 239 ya mencionado. Ambos recursos fueron acumulados en un mismo expediente y resueltos en una misma sentencia. Los diputados alegan que los artículos constitucionales impugnados les restringen ilegítimamente los derechos que les asisten en su condición de diputados, vulnerando así su derecho a la libertad de expresión y al debido proceso. El expresidente alega que se viola el derecho a la igualdad, a ser electo y a la participación en las elecciones presidenciales. El artículo 239 de la Constitución señala: “Artículo 239.- El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado de la República. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública”. El artículo 42 numeral 5 constitucional establece: “Artículo 42.- La calidad de ciudadano se pierde: (Omissis) 5. Por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”. La Sala de lo Constitucional declara con lugar los recursos y proclama la “inaplicabilidad” de los mencionados artículos y del último párrafo del artículo 4 y parte del artículo 374, por violentar el derecho a la igualdad y a la participación política de los expresidentes de la República y por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de los diputados. Ahora bien, ante esta sentencia de trascendencia nacional es necesario hacer varias consideraciones jurídicas para analizar si el fallo está ajustado a Derecho o no. PRIMERO: Hay que señalar que la Sala de lo Constitucional no tiene competencia para conocer de la inconstitucionalidad de normas constitucionales. Ni la Constitución Nacional ni la Ley sobre Justicia Constitucional le dan competencias en ese sentido. Es sabido que en un Estado de Derecho existe un orden jerárquico normativo, donde la norma suprema está representada por la Constitución y que todo el resto del ordenamiento jurídico se subordina a la Carta Magna, procediendo la declaratoria de nulidad de todo lo que vulnere las normas constitucionales. Es lo que nos enseña Hans Kelsen en su conocida Pirámide Jurídica, y que todo abogado debe conocer. El recurso de inconstitucionalidad no procede contra normas constitucionales originarias. La Ley sobre Justicia Constitucional solo permite el recurso contra las reformas constitucionales, cuando se aprueben con inobservancia de los requisitos establecidos en la propia Constitución. En consecuencia, la Sala de lo Constitucional ha debido declararse incompetente para conocer de este recurso. La Sala de lo Constitucional es manifiestamente incompetente para tramitar un recurso de inconstitucionalidad contra una norma constitucional originaria. La Sala de lo Constitucional actuó en clara usurpación de funciones del Poder Constituyente, que es el único que puede cambiar o eliminar un artículo pétreo, de conformidad al régimen establecido en la propia Constitución. SEGUNDO: Resulta absolutamente ilógico e incongruente que una norma constitucional pueda ser a la vez inconstitucional. Todo lo que esté en la Constitución es constitucional, solo lo que esté por debajo de la Constitución en el orden jerárquico normativo, es lo que puede ser inconstitucional. Está claro que el recurso de inconstitucionalidad solo procede contra normas infraconstitucionales y solo contra una reforma constitucional por inobservancia del procedimiento establecido en la propia Constitución para llevarla a cabo. La Constitución, como sabemos desde nuestros estudios de Introducción al Derecho es el vértice de la conocida Pirámide de Kelsen y por tanto el fundamento del ordenamiento jurídico, y todas las normas y leyes deben estar sometidas a los mandatos de la Constitución so pena de ser declarados inconstitucionales. Pero es ilógico, absurdo y totalmente contrario a Derecho, pretender declarar “inconstitucional” una norma de la propia Constitución y además que forma parte de los denominados artículos pétreos. TERCERO: Las Constituciones se redactan para consagrar y restringir derechos, además de organizar la estructura fundamental del Estado. Es mentira que todos los derechos son absolutos o que la Constitución, en aras de salvaguardar intereses superiores, no pueda limitar algunos derechos. Los ejemplos sobran. El derecho a la propiedad está limitado por causa de necesidad o interés público. El derecho a la protesta está limitado a que sea pacífica. La libertad religiosa se permite siempre que no contravenga las leyes y el orden público. La libertad de expresión está limitada por el honor y reputación de las personas, y así sucesivamente. Por lo que es perfectamente legítimo que la Constitución de Honduras haya establecido límites a la reelección presidencial prohibiéndola de manera absoluta, en función de los intereses generales que el Constituyente de 1982 consideró oportuno tutelar. Asimismo, el derecho de participación de los expresidentes no se ve vulnerado, ya que ellos pueden perfectamente ejercer su derecho al voto y además pueden postularse para otros cargos como diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano o alcaldes. En consecuencia, no hay violación de los derechos alegados por los recurrentes. CUARTO: La sentencia in comento se puede encuadrar dentro de la Teoría del Acto Jurídico Inexistente o Teoría de la Inexistencia del Acto Jurídico, o como la denominan algunos autores, Teoría de la Nada Jurídica, en virtud de las graves violaciones al ordenamiento jurídico y a la manifiesta incompetencia por parte de la Sala para anular o desaplicar normas constitucionales. Es una sentencia que carece de virtualidad jurídica o que no puede producir ningún efecto jurídico, ya que contradice y vulnera el orden constitucional contemplado por el Constituyente de 1982, al anular un artículo pétreo como el 239 y al trastocar el régimen de prohibición absoluta de la reelección presidencial, la cual está relacionada con el principio de alternabilidad que con tanto celo protege la Constitución hondureña. La Constitución solo puede ser reformada por el Congreso Nacional siguiendo el procedimiento establecido para tal fin, pero los artículos pétreos solo pudieran ser cambiados a través de una nueva Constituyente, que al redactar otra Constitución decidiera establecer un sistema diferente sobre la reelección presidencial. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional contraría tan gravemente la Constitución Nacional, que no se puede considerar legítima ni con efectos jurídicos, ya que el orden constitucional establecido desde 1982 no le reconoce efectividad. Es como si la Sala dictara una sentencia donde se anulara el artículo que garantiza el derecho a la vida y estableciera la pena de muerte, contrariando el principio de progresividad de los derechos humanos. O que dictara una sentencia donde se permitiera el genocidio. Esas sentencias no tendrían ninguna validez jurídica y serían actos jurídicos inexistentes. O por ejemplo, la sentencia penal condenatoria por homicidio en que se constata que la supuesta víctima se encuentra viva. Esa sentencia sería también un acto jurídico inexistente. El hecho de que una sentencia sea dictada por una Sala de lo Constitucional, no le da fuerza o validez jurídica a cualquier desaguisado que puedan decidir. No siempre se puede considerar como sentencia firme y con efectos jurídicos válidos. Para profundizar sobre esta tesis jurídica se puede leer el artículo: “La inexistencia jurídica de los actos jurisdiccionales” escrito por Gabriel Bocksang, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el siguiente link: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-34372013000200009&script=sci_arttext QUINTO: La Sala de lo Constitucional forma parte de un órgano del Poder Constituido como lo es la Corte Suprema de Justicia, y como tal está subordinado al Poder Constituyente, quien fue su creador. Los poderes constituidos no pueden estar por encima del Poder Constituyente, ya que eso significaría subvertir todo el orden jurídico y los principios que rigen un Estado de Derecho. El artículo 374 de la Constitución es sumamente claro cuando ordena que no podrán reformarse, en ningún caso, los artículos constitucionales que se refieren a la prohibición de ser nuevamente Presidente de la República, entre otros. Es evidente que la sentencia de la Sala de lo Constitucional anuló o desaplicó el artículo pétreo 239, en franca y abierta violación del texto constitucional. Solo una nueva Asamblea Nacional Constituyente pudiera modificar, en una Constitución que creara, esa prohibición de reelección, que es un desiderátum de los constituyentes del año 1982. Esta tendencia de consagrar artículos pétreos o irreformables comenzó con la Constitución de 1894, que prohibía reformar la norma que establecía la no reelección presidencial. Luego la Constitución de 1924 repitió la misma prohibición. Lo mismo hizo la Constitución de 1957 y la de 1965. Por lo que no es una novedad de la Constitución vigente de 1982 establecer normas pétreas o irreformables por el poder constituido. Es una situación que ya tiene una tradición constitucional en Honduras. SEXTO: Al dictar esta sentencia, careciendo de la competencia para hacerlo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional incurrieron en el supuesto previsto en el artículo 239 constitucional y en consecuencia cesaron de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedaron inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública, ya que la decisión judicial permite la reelección presidencial indefinida, la cual está absolutamente prohibida. Al permitirlo incurrieron en el supuesto de la norma que da origen a las sanciones. SEPTIMO: La decisión fue tomada supuestamente por unanimidad de los cinco magistrados, sin embargo, al día siguiente en horas de la mañana, cuando todavía no había sido notificada la sentencia a los recurrentes, uno de los magistrados que firmó el fallo, el abogado Elmer Lizardo, consignó en el expediente una diligencia donde solicita retirar su firma de la sentencia por no estar de acuerdo con su contenido. Esto añadió un nuevo inconveniente para la validez de la sentencia, la cual queda en entredicho, ya que no se han aclarado las circunstancias por las cuales el mencionado magistrado retiró su firma, quedando la duda si se trató de un caso de coacción o violencia para conseguir su rúbrica. A pesar de este problema, el resto de los magistrados dejaron en firme la sentencia y la enviaron al Congreso Nacional a los fines de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. OCTAVO: Al anular o desaplicar el artículo 239 de la Constitución, la Sala de lo Constitucional pretende establecer una reelección presidencial indefinida, continua o perpetua, equiparando a Honduras a países no democráticos como Venezuela y Nicaragua, donde impera la reelección indefinida de los presidentes. No hay nada más antidemocrático que una reelección indefinida porque atenta contra el principio de la alternabilidad o alternancia en el poder, y establece gobiernos autoritarios con fachadas democráticas que no permiten el relevo generacional en la política. Los gobiernos democráticos, constitucionales, republicanos, pero sobre todo éticos, no deben ser de décadas ni mucho menos eternos. La alternabilidad o alternancia en el poder, se pueden justificar con facilidad. Podemos afirmar, recordando al constitucionalista Duverger, que este principio es una medida precautelar contra la tendencia opresora de aquellos que se entronizan en el Poder. También lo decía Simón Bolívar en su famosa frase del Discurso de Angostura que todos conocemos: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”. Ahora bien, las Constituciones son instrumentos para poner freno al ejercicio del poder, para limitarlo en beneficio del colectivo. Las Constituciones no son ligas de goma que se pueden estirar a la medida del gobernante de turno. Son pactos sociales que se deben respetar. Dentro de esos pactos sociales hay principios fundamentales que son intangibles, pétreos o inmodificables, que no se pueden alterar así lo quiera la mayoría de la población; porque justamente garantizan y preservan a la sociedad de manipulaciones mesiánicas y populistas que a la final acaben con los bienes tutelados por la Constitución, entre ellos la democracia y la República como forma de gobierno. Esos principios fundamentales no pueden estar sometidos ni siquiera a mayorías circunstanciales que pueden ser producto de esquizofrenias sociales o colectivas o de manipulaciones logradas a través del abuso del poder y el uso de sofismas jurídicos. La reelección indefinida vulnera el principio de alternabilidad, porque permite o hace posible que una misma persona se mantenga en el poder sin limitación temporal alguna. Y eso es justamente, lo que pretende evitar ese principio. No se pueden confundir los principios “electivo” y “alternativo”, ya que son dos principios diferentes. El hecho de que el presidente pueda ser elegido en votaciones universales no quiere decir que sea alternativo. La elección no implica la alternabilidad. Son principios diferentes y no se pueden manipular. La circunstancia de que el pueblo tenga la posibilidad de escoger cada periodo un nuevo presidente no implica el respeto a la alternabilidad, la cual se da sólo si existe una limitación temporal al ejercicio del poder que permita que otros ciudadanos se alternen en el mismo. NOVENO: Es importante recordar el contenido de los artículos 272 y 375 constitucionales que señalan: “Artículo 272.- Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del orden público. A efecto de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso, el Presidente de la República, pondrá a las Fuerzas Armadas a disposición del Tribunal Nacional de Elecciones, desde un mes antes de las elecciones, hasta la declaratoria de las mismas”. “Artículo 375.- Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone. En estos casos, todo ciudadano investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. Serán juzgados, según esta misma Constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella, los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, lo mismo que los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y a las autoridades constituidas conforme a ella. El Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación”. DECIMO: No hay que “partidizar” o politizar este debate jurídico, ya que no se trata de posiciones ideológicas o partidistas. Se trata de la defensa de la Constitución y de la institucionalidad de Honduras. Se trata del respeto al orden jurídico y de la inviolabilidad de la Constitución. Se trata de la vigencia de la República y de la democracia. Todos debemos obediencia a la Carta Magna y a ella debemos someternos. DECIMO PRIMERO: Se puede estar de acuerdo o no con la reelección, ya sea por un período continuo o alterna (nunca con la indefinida o perpetua ya que es profundamente antidemocrática), pero la forma para establecerla en nuestro ordenamiento jurídico, solo es posible a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y que esta Asamblea decida incluirla en la nueva Constitución. De lo contrario, no hay manera jurídica de poder consagrar el sistema de reelección presidencial en Honduras, y mucho menos a través de una sentencia de un órgano de un Poder Constituido que no tiene competencias para ello, ya que se lo prohíbe expresamente la Constitución de Honduras. DECIMO SEGUNDO: De conformidad al criterio de la Sala de lo Constitucional para “inaplicar” o anular los artículos pétreos de la Constitución, se pudiera anular casi toda la Constitución. En base a las mismas razones argumentadas para decir que la prohibición de la reelección presidencial vulnera el derecho a la participación y a la igualdad de los expresidentes de la República y que en consecuencia es nulo el artículo que lo establece, pudiéramos decir que también es nulo el artículo que prohíbe a los militares votar, el artículo que le suspende los derechos políticos a los condenados por una sentencia firme; ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los militares y de los presos; los artículos que limitan ciertos cargos importantes a ser ejercidos solo por hondureños por nacimiento ya que violan el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños por naturalización; los artículos que establecen limitaciones de edad para ser electos en ciertos cargos públicos, ya que vulnera el derecho a la igualdad y a la participación de los hondureños que son menores de las edades permitidas; el artículo que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que vulnera el derecho a la igualdad de las personas con tendencias sexuales diversas. En fin, pudiéramos anular o dejar sin efecto más de la mitad de la Constitución, lo cual sería un absurdo jurídico, que generaría un caos en nuestro ordenamiento constitucional. En conclusión, la sentencia de la Sala de lo Constitucional analizada, subvierte el orden constitucional de Honduras, vulnera el Estado de Derecho, quebranta los principios constitutivos de la República y transgrede los requisitos básicos de la democracia, generando una gran inseguridad jurídica con graves repercusiones en el ámbito económico, social y jurídico del país. //// “La capacidad de expresar opiniones contrarias apasionadamente es el mayor signo de una democracia sana.” (Steve Maraboli)

domingo, 6 de enero de 2013

La Interpretación del artículo 231 CRBV

La Interpretación del artículo 231 CRBV Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. Doctor en Derecho Constitucional dr.alvaroalbornoz@gmail.com Venezuela atraviesa por una profunda crisis política con consecuencias jurídicas debido al estado de salud del señor Hugo Chávez, quien a pesar de estar inhabilitado para ser electo Presidente, debido a su condición de militar activo de conformidad con el artículo 330 constitucional, ganó mediante un sistema electoral fraudulento, las elecciones del pasado 7 de octubre, burlándose de todo el país al mentir sobre su estado de salud y haberse postulado a sabiendas que tenía un cáncer mortal que tarde o temprano lo postraría en una cama y no le permitiría gobernar. En estas circunstancias, Chávez partió para Cuba a mediados de diciembre para someterse a una operación y desde entonces no se ha vuelto a ver ni a oír, dejando a Venezuela bajo un manto de incertidumbre e inestabilidad política ante la toma de posesión que debe realizar el 10 de enero de este año para iniciar el nuevo período de gobierno. Ahora bien, ante la posible ausencia de Chávez el 10 de enero, se presentan varias interrogantes políticas que tienen que ser resueltas jurídicamente en el marco de la Constitución Nacional. Es necesario, entonces partir de lo dispuesto en el artículo 231 CRBV para poder hacer el análisis respectivo. Artículo 231: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”. Para comenzar hay que señalar que el juramento es un requisito indispensable y solemne para poder entrar en ejercicio del cargo. Sin ese juramento de cumplir fielmente lo dispuesto en la Constitución, no puede dar inicio el candidato electo su período de gobierno. Es un acto solemne, formal, necesario, que no se puede obviar ni sustituir. Asimismo, la Constitución es clara al establecer que ese juramento debe hacerse obligatoriamente ante la Asamblea Nacional y el día 10 de enero del primer año del período constitucional, el cual inicia este año 2013. En este sentido, la Asamblea Nacional tiene su sede en la ciudad de Caracas, de conformidad con el artículo 18 de la Constitución; el cual autoriza a trasladar ese asiento a otros lugares de la República; es decir, dentro de los límites territoriales de Venezuela, que son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, tal como lo establece el artículo 10 de la Carta Magna venezolana. Igualmente, preceptúa el artículo 231 comentado, que si por alguna razón sobrevenida el Presidente no pueda tomar posesión ante la Asamblea Nacional entonces lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Esta disposición ha estado consagrada en casi todas las Constituciones de Venezuela, incluida la anterior de 1961. Esto se ha previsto así, previendo algún conflicto político entre el Presidente electo y el Parlamento o para evitar que algún conflicto político interno del órgano legislativo impida al Presidente tomar posesión. Es decir, que el Presidente prestaría juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia por causas imputables a la Asamblea Nacional y no por causas imputables al propio Presidente electo. Y en ese caso, el juramento debe hacerse en la misma fecha, o sea, el 10 de enero. Aclarado esto, entramos a analizar la situación que se puede presentar llegado el día 10 de enero en caso de que Hugo Chávez no se presente ante la Asamblea Nacional a prestar juramento. En este sentido, la Constitución de Venezuela establece un sistema de faltas absolutas y de faltas temporales, que se explica a continuación: El artículo 233 consagra las faltas absolutas del Presidente de la República, las cuales pueden ocurrir “antes” de tomar posesión del cargo y “después” de la toma de posesión; y en cada caso varía la persona que asume el cargo de Presidente provisional: En el primero, asume el Presidente de la Asamblea Nacional y se debe proceder a una nueva elección presidencial dentro de los 30 días consecutivos siguientes y en el segundo, asume el Vicepresidente Ejecutivo y se debe convocar una nueva elección presidencial dentro de los 30 días consecutivos siguientes, siempre que la falta absoluta se produzca dentro de los primeros 4 años del período constitucional, ya que si se produce dentro de los 2 últimos años, el Vicepresidente Ejecutivo asumiría la Presidencia de la República hasta completar dicho periodo. El artículo 234 regula las faltas temporales del Presidente de la República, las cuales de acuerdo a la interpretación literal de la norma constitucional, solo son aplicables al Presidente en ejercicio; es decir, “después” de haber tomado posesión del cargo, ya que las mismas son suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo y para que exista este funcionario, debe haber sido nombrado previamente por el Presidente, el cual sólo puede hacerlo, una vez juramentado ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, las faltas absolutas pueden ocurrir por alguna de estas causales: 1. Muerte. 2. Renuncia. 3. Destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. 4. Incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional. 5. Abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional. 6. Revocación popular del mandato. Siendo esto así y sabiendo que es un hecho público, notorio y comunicacional que el señor Hugo Chávez se encuentra hospitalizado desde hace varias semanas en Cuba por una grave enfermedad y que no se tienen evidencias fehacientes de vida debido al misterioso tratamiento de la situación dado por el gobierno, o certeza plena de que el candidato electo se vaya a presentar el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional a prestar juramento de su cargo; ya se ha debido nombrar una comisión o junta médica de alto nivel para verificar si efectivamente el señor está vivo o no, y si está vivo, determinar si tendrá la capacidad física o mental para asumir el cargo el 10 de enero; de lo contrario se debe declarar la falta absoluta y proceder a convocar a nuevas elecciones, tal como lo dispone la Constitución de Venezuela. La Constitución de 1961 era un poco más flexible en la regulación de esta situación ya que los artículos 186 y 187 establecían lo siguiente: Artículo 186: “El candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente de la República mediante juramento ante las Cámaras reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez primeros días de aquel en que deben instalarse en sus sesiones ordinarias del año en que comience el período constitucional. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestar el juramento ante las Cámaras en sesión conjunta, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando el Presidente electo no tomare posesión dentro del término previsto en este artículo, el Presidente saliente resignará sus poderes ante la persona llamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta absoluta, según el artículo siguiente, quién los ejercerá con el carácter de Encargado de la Presidencia de la República hasta que el primero asuma el cargo”. Artículo 187: “Cuando se produzca falta absoluta del Presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a nueva elección universal y directa en la fecha que señalen las Cámaras en sesión conjunta. Cuando la falta absoluta se produzca después de la toma de posesión, las Cámaras procederán, dentro de los treinta días siguientes, a elegir, por votación secreta y en sesión conjunta convocada expresamente, un nuevo Presidente por el resto del período constitucional. En este caso no se aplicará lo dispuesto en el único aparte del artículo 184. En uno y otro caso, mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente del Congreso; a falta de éste, el Vice-Presidente del mismo, y, en su defecto, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia”. (Negritas y subrayado mío). Como se observa, la Constitución de 1961 no establecía una fecha fija para la juramentación como lo hace la Constitución de 1999, sino que preceptuaba un lapso de 10 días para hacerlo, transcurridos los cuales sin que se presentara a tomar posesión, hacían incurrir en falta absoluta al presidente electo. En cambio, la Constitución vigente de Venezuela es más rígida al señalar un día específico para proceder a la juramentación, lo que puede acarrear que algún presidente electo que por algún percance ocurrido justo el día de la toma de posesión y no se pueda presentar incurra en una falta absoluta, lo cual pudiera ser considerado injusto y contrario a la voluntad popular expresada en las urnas electorales. En ese caso, haciendo una interpretación teleológica de la norma y en aras de preservar la decisión soberana del pueblo se podría fijar otra fecha para que el Presidente electo tomare posesión de su cargo a la brevedad posible, en virtud del percance ya sea de salud o de otro tipo que haya sufrido, y mientras tanto asumiría el Poder Ejecutivo el Presidente de la Asamblea Nacional. Esta solución, no es aplicable al caso del señor Hugo Chávez debido a que es un hecho notorio, público y comunicacional que padece de un cáncer muy agresivo y de serias complicaciones de salud que comprometen la posibilidad de asumir el gobierno de Venezuela con todas las responsabilidades que ello conlleva. En virtud de este conocimiento es indispensable que la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia ya hubieran determinado a través de la Junta Médica la capacidad física y mental de Chávez y si es posible que se pueda sanar para asumir las riendas del gobierno, ya que de lo contrario se debe proceder a declarar la falta absoluta y convocar nuevas elecciones de manera inmediata. El hecho de que Chávez no se pueda trasladar de Cuba hacia Venezuela a tomar juramento de su cargo, ya por sí mismo es un hecho que evidencia la incapacidad física para asumir sus funciones como Presidente de Venezuela. Inclusive, la Asamblea Nacional visto el panorama, podría perfectamente declarar la falta absoluta por abandono del cargo sin necesidad de esperar por un informe médico. Aplicar, como lo plantean algunos sectores, de manera analógica, las regulaciones de las faltas temporales del Presidente y darle un lapso de 90 días prorrogables por 90 días mas y dejar un Presidente provisorio durante ese tiempo para a la final declarar la falta absoluta, es contrario al espíritu del constituyente y contrario al principio de soberanía popular, a través del cual, el Presidente debe ser electo por votación universal, directa y secreta. Además constituye un desconocimiento de la realidad de salud que padece Chávez. La Constitución prevé un régimen expreso que no puede ser acomodado a los intereses políticos de quienes detentan el poder. El periodo constitucional del gobierno actual de Chávez finaliza el 10 de enero con la toma de posesión del nuevo Presidente, que en este caso es la misma persona. Y en ese momento inicia un nuevo y diferente periodo constitucional que solo se puede iniciar una vez realizado el juramento solemne ante la Asamblea Nacional o en su defecto ante el Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, no puede haber falta temporal de quien no ha entrado en ejercicio del cargo. Por lo que, una vez llegado el 10 de enero, el Presidente actual cesa en sus funciones y con él cesa también en sus funciones el Vicepresidente Ejecutivo, ya no teniendo facultades para suplir al Presidente de la República. A partir, de esa fecha el único que puede asumir provisionalmente la Presidencia de la República, en el caso de que el Presidente electo no se juramente, es el titular de la Asamblea Nacional. Podemos decir, que hay un vacío en la Constitución, al no prever la norma la posibilidad de una falta de juramentación por un motivo distinto a las causales de falta absoluta y en este sentido se puede dar flexibilidad a la fecha de juramentación siempre y cuando sea evidente que se deba a un motivo que pueda ser solventado a la brevedad. Caso que no es el del señor Chávez, ya que es conocido por todos que está hospitalizado con un estado de salud delicado de acuerdo a lo poco que se ha podido saber oficialmente y en este caso se puede presumir la existencia de una falta absoluta, por lo que no se puede aplicar analógicamente el régimen de faltas temporales, sino que se debe dar primacía al principio de soberanía popular y convocar a elecciones para que el pueblo sea el que elija su Presidente y no dejar interinamente a un Presidente que no fue electo para ese cargo. La Asamblea Nacional no debe esperar más para nombrar a la junta médica, sino que debe hacerlo a la brevedad posible para tener la respuesta antes del 10 de enero y así evitar una crisis de gobernabilidad o de interpretaciones constitucionales antípodas. Lamentablemente, el poder en Venezuela está secuestrado por el partido de Chávez y por los dictadores cubanos quienes deciden y hacen las cosas a su conveniencia con la anuencia del Tribunal Supremo de Justicia y demás órganos del Poder público. Por esto, harán lo que consideren más apegado a sus intereses políticos sin importarles violar la Constitución. Al parecer, el interés del régimen es que Nicolás Maduro asuma la Presidencia interina mientras se convocan elecciones. Entonces, una solución para que se preserven las formas y procedimientos constitucionales pudiera ser, que asuma la Presidencia de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, inmediatamente designe a Nicolás Maduro como Vicepresidente Ejecutivo y posteriormente renuncie a fin de que Maduro asuma la presidencia interina y de esta manera no violar la Constitución o al menos preservar las formalidades constitucionales. Otra salida pudiera ser que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declarara con lugar el recurso interpuesto por un grupo de honorables militares en situación de retiro y declare el no cumplimiento de los requisitos de elegibilidad por parte de Chávez para postularse a la Presidencia de la República por violar el artículo 330 de la Constitución, que prohíbe a los militares activos aspirar cargos de elección popular, ya que Chávez asumió un grado militar activo con la aprobación en el 2010 de una nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales que creó para Chávez el grado de Comandante en Jefe, transformando en grado militar activo la función que previamente ostentaba el cargo de presidente de la Republica. De esta manera se anula su elección como Presidente y se convoca a nuevas elecciones. Por último, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 335 de la Carta Magna venezolana, puede interpretar las normas que regulan la toma de posesión del Presidente de la República y buscarle otra salida jurídica, la cual sería vinculante por ser el máximo y último intérprete de la Constitución. /////

jueves, 20 de septiembre de 2012

LAS REPERCUSIONES INTERNACIONALES DEL TRIUNFO DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKI

Las repercusiones internacionales del triunfo de Henrique Capriles Radonski Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. catrachovenezolano@gmail.com Se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela, que se realizarán el 7 de octubre de este año y con ello un nuevo panorama internacional se vislumbra. Hasta el momento, Hugo Chávez ha manejado el país a su antojo y violando la Constitución y leyes durante 14 años, generando una crisis sin precedentes en la historia de nuestro país. Su pésimo gobierno ha generado la destrucción de la industria petrolera, la cual ha presentado una serie de accidentes producto de la negligencia gubernamental y de la falta de mantenimiento de sus plantas y maquinarias. También ha producido una estampida de las inversiones nacionales y extranjeras y de venezolanos talentosos quienes se han ido a otras latitudes en busca de un mejor futuro. Asimismo, el régimen de Chávez ha desencadenado una inseguridad nunca vista, al punto de que los venezolanos viven con miedo a ser asesinados o secuestrados en cualquier momento. La crisis eléctrica mantiene a oscuras a casi todo el país, generando cuantiosas pérdidas materiales. El desabastecimiento de alimentos es evidente debido a la casi nula producción que hoy en día tiene Venezuela, a las confiscaciones, nacionalizaciones, persecución a la empresa privada, negligencia estatal y otras razones, todas imputables al gobierno chavista. La crisis en materia de vivienda ha generado un malestar social generalizado ya que hay cientos de familias damnificadas que no han recibido atención por parte del gobierno y las que les han entregado viviendas, estas son de muy mala calidad y no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad. En fin, todo en Venezuela es un verdadero caos y los venezolanos viven de calamidad en calamidad, a lo cual se suma las persecuciones políticas a los opositores, la ausencia de una verdadera libertad de expresión, los presos políticos, el mal estado de las vías públicas, la inflación exagerada, el control de divisas que imposibilita cualquier negocio y viaje al exterior, la sujeción al régimen de los hermanos Castro en Cuba y las relaciones peligrosas con Irán, Siria y Bielorrusia. Por si fuera poco, los ciudadanos de Venezuela tienen que aguantar casi a diario los insultos, improperios y groserías del señor Chávez en cadena nacional de radio y televisión, lo cual significa una verdadera tortura psicológica para cualquier ser humano. En cambio, hacia el exterior del país la actitud de Chávez es muy diferente: ha regalado alrededor de 70.000 millones de dólares a otros países para construir casas, hospitales, autopistas, aeropuertos, refinerías, centrales de electricidad, entre otras cosas, siendo los principales beneficiados de estos obsequios Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Islas del Caribe e incluso países del África. El régimen de Chávez ha mantenido una política exterior contraria a los intereses nacionales y basada en el chantaje y compra de conciencia para apoyar su proyecto hegemónico imperialista internacional. Con la “petrochequera” en la mano, ha logrado influir en las decisiones de organismos internacionales como la OEA, ha financiado partidos políticos y movimientos sociales para influir y desestabilizar la forma de gobierno de diversos países del continente americano y ha logrado tomar el control de algunos países cuyos gobernantes han suscrito el modelo socialista castro-chavista, que tiene como principal objetivo la perpetuidad en el poder. Por otra parte, diversos países y organizaciones internacionales han denunciado los vínculos de Chávez con agrupaciones terroristas como las FARC, ETA, Hezbollá, Hammas, entre otros, inclusive hay graves acusaciones de implicaciones con el narcotráfico internacional, el cual ha aumentado exponencialmente en Venezuela. Las relaciones con Irán son tan estrechas como peligrosas, al punto de que diversos periódicos del mundo han señalado que en Venezuela se construyen bases para mísiles iraníes y se extrae uranio para los planes nucleares de Ahmadinejad Toda esta situación ha generado una geopolítica de tensión y preocupación mundial que ha colocado a Venezuela en el ojo del huracán y la ha convertido en un país hostil y forajido, incumplidor de sus obligaciones contempladas en los tratados internacionales. Por esto, el mundo civilizado y democrático tiene toda su atención puesta en los próximos comicios electorales en Venezuela, ya que de él depende el destino de América Latina y que en el mundo haya más paz. Es un hecho innegable e indubitable que el candidato opositor Henrique Capriles Radonski ganará las elecciones ya que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, y su triunfo marcará un cambio profundo en la política exterior del gobierno en favor del desarrollo de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos. De los resultados electorales del 7 de octubre depende que Venezuela siga patrocinando intervenciones indebidas en la política interna de los países de América y del mundo; depende que Venezuela siga siendo albergue de narcotraficantes, guerrilleros y terroristas; depende que siga siendo un país hostil a los EEUU y a gran parte de Europa y los países democráticos; depende que siga siendo uno de los principales puntos de salida de la cocaína que se trafica en el mundo; depende que Irán siga penetrando América para fines inconfesables. La victoria de Capriles Radonski significa la paz, la democracia y la libertad. Implica el cese inmediato del financiamiento a las actividades injerencistas en la política interna de otros países, la cooperación real con la lucha antidroga y antiterrorista, el cumplimiento de las disposiciones de organismos internacionales, el apoyo a países democráticos y el rechazo a las dictaduras oprobiosas que subyugan a muchos países. La llegada de Capriles a la presidencia de Venezuela significará un giro trascendental en la política exterior del país, que debe comenzar por la profesionalización y despartidización de las Embajadas y Consulados en el mundo; con el estrechamiento de las relaciones con países democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos y con el alejamiento de las relaciones con las dictaduras corruptas y sanguinarias con las que Chávez mantiene vínculos cercanos. Capriles Radonski restablecerá plenamente el comercio binacional con Colombia, como lo fue siempre, y sacará del territorio venezolano a todos los líderes guerrilleros colombianos a los que el gobierno de Chávez les ha dado albergue y protección. Volveremos a ser dos naciones hermanas cuyas relaciones se basarán en el respeto mutuo, la cooperación en la lucha antidrogas y en la consecución de la paz. Tendremos relaciones cordiales y amistosas con los EEUU y con las grandes democracias occidentales para beneficio de la golpeada economía venezolana. Se restablecerán plenamente las relaciones diplomáticas y de hermandad con la República de Honduras y se suscribirán acuerdos de cooperación y de intercambio en diversas áreas que sean de provecho para ambas naciones. Se restablecerán las relaciones diplomáticas con la República de Paraguay, reafirmando nuestros vínculos de solidaridad latinoamericana. Se cortará el chorro de petróleo regalado que se envía a Cuba para mantener la dictadura comunista de los hermanos Castro. Asimismo, se terminarán los regalos de recursos económicos a otros países con fines ideológicos y para sostener gobiernos autoritarios y antidemocráticos como el de Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. También se acabará con los acuerdos suscritos con Irán, Bielorrusia y otras dictaduras del mundo que solo benefician a esos países y no dejan nada beneficioso para Venezuela. Venezuela volverá a la OEA y al sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, se invertirá ese dinero que ahora se dilapida y regala sin contraprestación alguna, en los venezolanos y en el país para lograr un desarrollo económico y el progreso social que fue negado por el régimen de Chávez. Venezuela se insertará en el concierto de naciones como un país respetado y dispuesto a colaborar con las actividades en pro de la democracia y los Derechos Humanos, con un Presidente digno de tan alta investidura y consciente de su rol internacional y del papel que debe jugar Venezuela a nivel global. Capriles Radonski garantiza la paz y la estabilidad en la región y será factor de unidad en Latinoamérica para bien de nuestros pueblos. Que Dios le de sabiduría a los venezolanos para que sepan que lo que se decida el 7 de octubre tendrá repercusiones en la gran parte de los países de América Latina y del mundo.