LAS REPERCUSIONES INTERNACIONALES DEL TRIUNFO DE HENRIQUE CAPRILES RADONSKI

Las repercusiones internacionales del triunfo de Henrique Capriles Radonski Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. catrachovenezolano@gmail.com Se aproximan las elecciones presidenciales en Venezuela, que se realizarán el 7 de octubre de este año y con ello un nuevo panorama internacional se vislumbra. Hasta el momento, Hugo Chávez ha manejado el país a su antojo y violando la Constitución y leyes durante 14 años, generando una crisis sin precedentes en la historia de nuestro país. Su pésimo gobierno ha generado la destrucción de la industria petrolera, la cual ha presentado una serie de accidentes producto de la negligencia gubernamental y de la falta de mantenimiento de sus plantas y maquinarias. También ha producido una estampida de las inversiones nacionales y extranjeras y de venezolanos talentosos quienes se han ido a otras latitudes en busca de un mejor futuro. Asimismo, el régimen de Chávez ha desencadenado una inseguridad nunca vista, al punto de que los venezolanos viven con miedo a ser asesinados o secuestrados en cualquier momento. La crisis eléctrica mantiene a oscuras a casi todo el país, generando cuantiosas pérdidas materiales. El desabastecimiento de alimentos es evidente debido a la casi nula producción que hoy en día tiene Venezuela, a las confiscaciones, nacionalizaciones, persecución a la empresa privada, negligencia estatal y otras razones, todas imputables al gobierno chavista. La crisis en materia de vivienda ha generado un malestar social generalizado ya que hay cientos de familias damnificadas que no han recibido atención por parte del gobierno y las que les han entregado viviendas, estas son de muy mala calidad y no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad. En fin, todo en Venezuela es un verdadero caos y los venezolanos viven de calamidad en calamidad, a lo cual se suma las persecuciones políticas a los opositores, la ausencia de una verdadera libertad de expresión, los presos políticos, el mal estado de las vías públicas, la inflación exagerada, el control de divisas que imposibilita cualquier negocio y viaje al exterior, la sujeción al régimen de los hermanos Castro en Cuba y las relaciones peligrosas con Irán, Siria y Bielorrusia. Por si fuera poco, los ciudadanos de Venezuela tienen que aguantar casi a diario los insultos, improperios y groserías del señor Chávez en cadena nacional de radio y televisión, lo cual significa una verdadera tortura psicológica para cualquier ser humano. En cambio, hacia el exterior del país la actitud de Chávez es muy diferente: ha regalado alrededor de 70.000 millones de dólares a otros países para construir casas, hospitales, autopistas, aeropuertos, refinerías, centrales de electricidad, entre otras cosas, siendo los principales beneficiados de estos obsequios Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, Islas del Caribe e incluso países del África. El régimen de Chávez ha mantenido una política exterior contraria a los intereses nacionales y basada en el chantaje y compra de conciencia para apoyar su proyecto hegemónico imperialista internacional. Con la “petrochequera” en la mano, ha logrado influir en las decisiones de organismos internacionales como la OEA, ha financiado partidos políticos y movimientos sociales para influir y desestabilizar la forma de gobierno de diversos países del continente americano y ha logrado tomar el control de algunos países cuyos gobernantes han suscrito el modelo socialista castro-chavista, que tiene como principal objetivo la perpetuidad en el poder. Por otra parte, diversos países y organizaciones internacionales han denunciado los vínculos de Chávez con agrupaciones terroristas como las FARC, ETA, Hezbollá, Hammas, entre otros, inclusive hay graves acusaciones de implicaciones con el narcotráfico internacional, el cual ha aumentado exponencialmente en Venezuela. Las relaciones con Irán son tan estrechas como peligrosas, al punto de que diversos periódicos del mundo han señalado que en Venezuela se construyen bases para mísiles iraníes y se extrae uranio para los planes nucleares de Ahmadinejad Toda esta situación ha generado una geopolítica de tensión y preocupación mundial que ha colocado a Venezuela en el ojo del huracán y la ha convertido en un país hostil y forajido, incumplidor de sus obligaciones contempladas en los tratados internacionales. Por esto, el mundo civilizado y democrático tiene toda su atención puesta en los próximos comicios electorales en Venezuela, ya que de él depende el destino de América Latina y que en el mundo haya más paz. Es un hecho innegable e indubitable que el candidato opositor Henrique Capriles Radonski ganará las elecciones ya que cuenta con el apoyo mayoritario del pueblo venezolano, y su triunfo marcará un cambio profundo en la política exterior del gobierno en favor del desarrollo de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos. De los resultados electorales del 7 de octubre depende que Venezuela siga patrocinando intervenciones indebidas en la política interna de los países de América y del mundo; depende que Venezuela siga siendo albergue de narcotraficantes, guerrilleros y terroristas; depende que siga siendo un país hostil a los EEUU y a gran parte de Europa y los países democráticos; depende que siga siendo uno de los principales puntos de salida de la cocaína que se trafica en el mundo; depende que Irán siga penetrando América para fines inconfesables. La victoria de Capriles Radonski significa la paz, la democracia y la libertad. Implica el cese inmediato del financiamiento a las actividades injerencistas en la política interna de otros países, la cooperación real con la lucha antidroga y antiterrorista, el cumplimiento de las disposiciones de organismos internacionales, el apoyo a países democráticos y el rechazo a las dictaduras oprobiosas que subyugan a muchos países. La llegada de Capriles a la presidencia de Venezuela significará un giro trascendental en la política exterior del país, que debe comenzar por la profesionalización y despartidización de las Embajadas y Consulados en el mundo; con el estrechamiento de las relaciones con países democráticos y respetuosos de los Derechos Humanos y con el alejamiento de las relaciones con las dictaduras corruptas y sanguinarias con las que Chávez mantiene vínculos cercanos. Capriles Radonski restablecerá plenamente el comercio binacional con Colombia, como lo fue siempre, y sacará del territorio venezolano a todos los líderes guerrilleros colombianos a los que el gobierno de Chávez les ha dado albergue y protección. Volveremos a ser dos naciones hermanas cuyas relaciones se basarán en el respeto mutuo, la cooperación en la lucha antidrogas y en la consecución de la paz. Tendremos relaciones cordiales y amistosas con los EEUU y con las grandes democracias occidentales para beneficio de la golpeada economía venezolana. Se restablecerán plenamente las relaciones diplomáticas y de hermandad con la República de Honduras y se suscribirán acuerdos de cooperación y de intercambio en diversas áreas que sean de provecho para ambas naciones. Se restablecerán las relaciones diplomáticas con la República de Paraguay, reafirmando nuestros vínculos de solidaridad latinoamericana. Se cortará el chorro de petróleo regalado que se envía a Cuba para mantener la dictadura comunista de los hermanos Castro. Asimismo, se terminarán los regalos de recursos económicos a otros países con fines ideológicos y para sostener gobiernos autoritarios y antidemocráticos como el de Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. También se acabará con los acuerdos suscritos con Irán, Bielorrusia y otras dictaduras del mundo que solo benefician a esos países y no dejan nada beneficioso para Venezuela. Venezuela volverá a la OEA y al sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En definitiva, se invertirá ese dinero que ahora se dilapida y regala sin contraprestación alguna, en los venezolanos y en el país para lograr un desarrollo económico y el progreso social que fue negado por el régimen de Chávez. Venezuela se insertará en el concierto de naciones como un país respetado y dispuesto a colaborar con las actividades en pro de la democracia y los Derechos Humanos, con un Presidente digno de tan alta investidura y consciente de su rol internacional y del papel que debe jugar Venezuela a nivel global. Capriles Radonski garantiza la paz y la estabilidad en la región y será factor de unidad en Latinoamérica para bien de nuestros pueblos. Que Dios le de sabiduría a los venezolanos para que sepan que lo que se decida el 7 de octubre tendrá repercusiones en la gran parte de los países de América Latina y del mundo.

EL JUICIO POLITICO EN PARAGUAY

EL JUICIO POLÍTICO EN PARAGUAY Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P. Doctor en Derecho Constitucional dr.alvaroalbornoz@gmail.com El soberano Congreso de la República de Paraguay, en decisión de la Cámara de Diputados, aprobó con 73 diputados a favor y uno en contra, el juicio político contra el Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, de conformidad con lo expresamente establecido en el artículo 225 de la Constitución de ese país suramericano. El artículo 225 forma parte de Título II (de la Estructura y Organización del Estado), Capítulo I (del Poder Legislativo), Sección IV de la Constitución (del Juicio Político) y textualmente señala lo siguiente: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargo. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”. Es decir, que la Carta Magna por la cual se rige la vida política de Paraguay prevé de manera explícita el juicio político o impeachment, como es denominado en el derecho anglosajón. Por medio de este procedimiento el Congreso está facultado constitucionalmente para destituir al Presidente de la República y otros altos funcionarios por tres causales: 1) Por mal desempeño de sus funciones, 2) Por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos y 3) Por delitos comunes. El procedimiento se inicia a instancia de la Cámara de Diputados, quienes se convierten en acusadores y es juzgado o decidido por la Cámara de Senadores, quienes pueden declarar procedente la acusación, lo cual trae como consecuencia la separación o destitución del ejercicio del cargo, y en el caso del Presidente, implica la asunción del poder por parte del Vicepresidente de la República, Federico Franco (del Partido Liberal), hasta que termine el período presidencial. El mencionado juicio político comenzó este jueves 21 de junio con la presentación de la acusación por “mal desempeño” a cargo de cinco diputados que ejercen como "fiscales", quienes responsabilizaron a Fernando Lugo por la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" en una hacienda de Curuguaty, el pasado día 15 en el nordeste del país. Hay que señalar, que el “mal desempeño” de las funciones es una cláusula amplia y su interpretación queda a discreción de los parlamentarios, ya que puede deberse a falta o pérdida de idoneidad o aptitud para su ejercicio, a negligencia o incluso a inhabilidad física o psíquica o a falta de idoneidad moral. Entonces los senadores paraguayos deberán evaluar cada caso concreto, a fin de establecer si existió o no mal desempeño. En el libelo acusatorio leído por el diputado del partido opositor Colorado Justo Cárdenas, le atribuyen al Presidente Lugo varios hechos reñidos con la Constitución, la Ley y la moral, entre ellos: 1.- Responsabilidad en la violencia reinante en el país, y su presunta connivencia tanto con dirigentes del ilegal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como con líderes violentos de los "sin tierras". 2.- La firma del Protocolo "Ushuaia II", que según el diputado Cárdenas, atenta contra la soberanía nacional, al permitir la intervención de otros países ante una simple denuncia del presidente. 3.- Haber permitido una reunión de jóvenes izquierdistas latinoamericanos en un cuartel militar, siendo que las fuerzas armadas son apolíticas. 4.- Presunta corrupción en el intento de compra de unas tierras para reforma agraria, cuyo acuerdo inicial ya fue firmado por él, y que fue abortado mediante denuncias de la prensa de su precio enormemente sobrefacturado. 5.- Nepotismo debido a una larga lista de parientes del presidente nombrados en la función pública. Y esto sin contar con la escandalosa vida que llevó el Presidente Lugo cuando fue Obispo de la Iglesia Católica, violando su voto de castidad, al engendrar diversos hijos reconocidos y no reconocidos, aprovechándose de su condición de Obispo, ensuciando de esta manera la imagen de la Iglesia y afectando la credibilidad y confianza depositada en su alta jerarquía religiosa. En definitiva, hay que dejar claro que el Congreso Nacional del Paraguay es soberano y plenamente competente para llevar a cabo el juicio político de defenestración constitucional del Presidente Lugo; por lo que resultan absolutamente fuera de lugar y una muestra de ignorancia total las declaraciones de los sectores afines al comunismo internacional y al eje castro-chavista que denuncian un supuesto golpe de Estado en Paraguay. Resulta, asimismo, inaceptable que UNASUR se entrometa en asuntos internos que solo competen a los órganos y poderes de Paraguay por expresas disposiciones de la Constitución nacional que rige los destinos de ese país. Al parecer y a juicio, de los sátrapas del denominado socialismo del Siglo XXI, los Presidentes afines a su ideología pueden violar impunemente las Constituciones de sus países y pueden vulnerar los Derechos Humanos sin que ello les acarree ninguna consecuencia y sin que nadie pueda juzgarlos. Al contrario, de lo que piensan estos dictadorzuelos tropicales, el juicio político constituye un instrumento fundamental para la preservación de la democracia y un aspecto indispensable de la separación de poderes. Es un mecanismo de control de las arbitrariedades del Presidente de la República para salvaguardar la vigencia plena de la Constitución. En este sentido, el Congreso tiene toda la legitimidad otorgada por el pueblo que lo elige a través del voto universal, directo y secreto, para enjuiciar y sancionar a un Presidente que no cumple con sus obligaciones constitucionales y que por el contrario mantiene una conducta opuesta a los intereses nacionales y violatoria del ordenamiento jurídico. Paraguay está siendo ejemplo de lo que es una verdadera democracia y un auténtico Estado de derecho, al poner en funcionamiento un mecanismo previsto en la Constitución para sancionar a un funcionario que ha tenido un mal desempeño en el ejercicio de sus atribuciones ocasionándole perjuicios al país. El juicio político está previsto en muchas Constituciones del mundo y es un procedimiento normal y democrático que ha servido para mantener la paz y la estabilidad política en varios países. Y el Congreso de Paraguay está actuando apegado a la letra de la Constitución y ejerciendo una competencia que tiene atribuida; por lo que constituye un exabrupto jurídico expresar que hay un golpe de Estado o algo ilegítimo en el procedimiento que llevan a cabo los honorables diputados y senadores paraguayos. Si los senadores deciden destituir al Presidente, el hilo constitucional está garantizado con la sucesión del Vicepresidente quien concluirá el período de gobierno, el cual finaliza el 15 de agosto de 2013. Así que desde esta tribuna, mis palabras de solidaridad y apoyo para el Congreso de Paraguay por su digna y soberana actitud en defensa de su Constitución y Estado de derecho.

EL CANDIDATO DE LA UNIDAD NACIONAL

EL CANDIDATO DE LA UNIDAD NACIONAL
Por: Dr. Álvaro F. Albornoz P.
dr.alvaroalbornoz@gmail.com

El próximo domingo 12 de febrero de 2012 los venezolanos estaremos escogiendo al candidato de la unidad nacional que se medirá en las elecciones del 7 de octubre con el señor Hugo Chávez, quien ejerce de manera despótica el poder.
Ha sido un esfuerzo inconmensurable por parte de la oposición venezolana el lograr estas Primarias organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), a través de las cuales el pueblo elegirá a quien nos representará en esta importante gesta para salir de la espantosa pesadilla en que vivimos desde hace más de 13 años.
Es un deber de todos los demócratas acudir a votar masivamente para demostrar fuerza y contundencia ante el régimen comunista que desea asustar y hacer fracasar el esfuerzo unitario.
Cada quien debe votar a conciencia por su candidato de preferencia, por el que le dicte su corazón. Aquí no habrá perdedores. El único ganador será el país. Venezuela unida logrará su ansiada Libertad, después de tantos años de oprobio y humillación.
Los cinco candidatos que quedan compitiendo tienen cualidades y virtudes. Todos son demócratas y combatirán el autoritarismo militar del régimen chavista.
Henrique Capriles Radonski, es un joven abogado caraqueño de 39 años de edad, quien ha tenido una trayectoria política importante al ocupar cargos como Diputado del extinto Congreso Nacional, Alcalde de Baruta y Gobernador del estado Miranda. Además, demostró valentía al enfrentar sin miedo, desde la cárcel, el amañado juicio político que le ordenó abrir el régimen despótico.
Pablo Pérez, es un abogado de 42 años, oriundo de la ciudad de Maracaibo, talentoso y buen gerente, con una dilatada trayectoria en cargos municipales y estadales en el Zulia, siendo su Gobernador actualmente. Profesa valores religiosos y familiares, tan importantes para ocupar la primera Magistratura nacional.
María Corina Machado, ingeniero industrial de 44 años y caraqueña, es una aguerrida y corajuda mujer que ocupa actualmente un curul de Diputada a la Asamblea Nacional y quien ha representado dignamente a la mujer venezolana en esta contienda electoral. Su enfrentamiento cara a cara con Chávez en su interminable y aburrida rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, le dio la vuelta al mundo, demostrando que es una mujer con los ovarios bien puestos.
Diego Arria, es el mayor de los candidatos con 73 años, caraqueño y economista, con un gran prestigio internacional. Llegó a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido una de las víctimas del afán expropiatorio o mejor dicho confiscatorio del régimen chavista. Arria se enfrenta sin miedo a Chávez y representa el lado duro de la oposición.
Por último, Pablo Medina, con 64 años de edad y una larga trayectoria política en Venezuela, donde ocupó cargos de Diputado al Congreso Nacional y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999; representa la amplitud dentro de la oposición, ya que su ideología y militancia de izquierda hacen ver que hay un verdadero espíritu de unidad nacional, sin distinciones y discriminaciones.
En fin, hay diversas opciones para escoger, para todos los gustos y para todas las tendencias. Lo importante es que acudamos a votar para legitimar el proceso, darle fuerza a la oposición y poder elegir a quien derrotará a Chávez en octubre, para salvar a Venezuela del caos en que está sumergida.
Es un deber para con la Patria participar y apoyar al candidato que resulte triunfador. ¡Juntos lo lograremos! Venezuela nos necesita unidos.